México confirma que OHL actuó conforme a la ley en el Bicentenario
PwC sólo detecta infracciones administrativas en la concesión por 14,4 millones
El 8 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de México contrató a PwC para realizar una auditoría de la concesión de la autopista Viaducto Elevado Bicentenario, gestionado por la filial de OHL en el país azteca, después de que saltaran a la luz pública una serie de grabaciones en las que altos cargos de la compañía revelaban los métodos que la empresa utilizaba presuntamente para engordar las cifras del contrato y que abrieron una crisis histórica en el grupo español. El resultado de esta auditoría, comunicado ayer -más de 14 meses después- por OHL México, concluye que ?el proceso de licitación se desarrolló de acuerdo a las bases del concurso?, al tiempo que ?la adjudicación fue conforme a derecho y se ajustó a la normativa vigente del Estado de México y la modificación al título de concesión fue conforme a las normas vigentes?.
La auditoría realizada al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (Saascaem) relativo a la concesión otorgada sobre el Viaducto Elevado Bicentenario ?recomienda realizar el reequilibrio que reconozca las inversiones realizadas por OHL México, que incluyen el segundo tramo del Viaducto de Lomas Verdes a Toreo?.
De esta forma, el grupo de construcción, concesiones y servicios español destaca que ?no se han detectado actuaciones fuera de la ley, ni se cuestiona la legalidad de la rentabilidad garantizada?. La conclusión de la auditoría que encargó la Contraloría Interna del Estado de México abunda en los resultados de los análisis realizados por KPMG, Jones Day, FTI Consulting y Ritch Mueller sobre los términos y condiciones del Bicenterario. Asimismo, Deloitte, PwC, EY y KPMG corroboraron ya hace un año la legalidad de la contabilización de las concesiones de OHL en México.
PwC descarta, por tanto, irregularidades en la contratación de OHL para construir y operar la concesión, aunque sí encuentra tres defectos administrativos respecto a la inversión reconocida susceptibles de derivar en una sanción, cuyo importe, en dicho caso, aún se desconoce. El primero se refiere a la falta de documentación justificativa de obras realizadas por 37 millones de pesos (1,8 millones de euros), equvalentes a menos del 0,5 por ciento de la inversión, que asciende a poco más de 11.000 millones de pesos (535 millones de euros).
Pendiente de la CNBV
Asimismo, existe una observación de tipo administrativo de 62 millones de pesos (3 millones de euros) por la metodología empleada para la actualización de los precios de los materiales de obra. OHL explicó ayer que utilizó el mecanismo que se prescribe en el Reglamento del libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y que está establecido en el título de concesión. Además, ?es el que se usa actualmente en todas las concesiones de la entidad y en los contratos de obra pública a nivel federal?, subrayó.
El tercer punto cuestionado por PwC -y, en consecuencia, por el Estado de México- está relacionado con el incremento en la inversión reconocida realizada en el sistema de peaje por 197 millones de pesos (9,6 millones de euros). ?Esta situación fue revisada, solventada y concluida este año, por lo que no fue considerada en el periodo auditado por la Contraloría?, señala el comunicado de OHL. En total, las tres irregularidades detectadas por el auditor suman 296 millones de pesos (14,4 millones de euros).
La auditoría de PwC se suma a la investigación exhaustiva que llevó a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que concluyó la inexistencia de dolo, fraude o impacto alguno contra el sistema financiero mexicano ni contra terceros en las actuaciones de OHL México. No obstante, la CNBV identificó algunas infracciones administrativas por las que impuso sanciones 3,6 millones de euros y obligó a la compañía a añadir una contabilidad de sus concesiones como activo intangible hasta que ambas partes acuerden cuál es la fórmula más adecuada para contabilizarlas.