Empresas y finanzas

Bruselas da un paso más en disputa con España por la opa de E.ON



    Estrasburgo (Francia), 26 sep (EFECOM).- La Comisión Europea mostró hoy una vez más su oposición a la actuación del Gobierno español en la opa de E.ON sobre Endesa, al declarar ilegales las condiciones de la CNE a la operación y continuar con el proceso de infracción por la ampliación de competencias del regulador energético.

    El Ejecutivo de la UE declaró hoy de forma definitiva que las medidas impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la operación violan la legislación comunitaria y conminó al Gobierno español a retirarlas.

    Según la Comisión, los 19 requisitos fijados por la CNE para autorizar la fusión, entre los que figura la venta de una tercera parte de la capacidad de generación de Endesa en España, no respetan los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento en la Unión.

    Además, subraya que la decisión de la CNE se adoptó y entró en vigor sin comunicación previa a Bruselas, que tiene la competencia exclusiva para evaluar las concentraciones de dimensión comunitaria, y sin obtener su preceptivo visto bueno.

    El Ejecutivo de la UE reseñó que su resolución es vinculante y puede ser invocada ante un tribunal nacional o una autoridad pública en España.

    La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, subrayó en un comunicado que Bruselas tiene intención de "preservar su derecho a aplicar las normas comunitarias sobre control de las concentraciones, en beneficio de todas las empresas y todos los ciudadanos del mercado interior".

    En agosto pasado, Bruselas ya indicó que, según una evaluación preliminar, los requisitos establecidos por la CNE eran incompatibles con la legislación comunitaria y pidió a España explicaciones.

    En su respuesta, el Gobierno español mostró su disposición a modificar las condiciones, lo que hará, previsiblemente, el Ministerio de Industria cuando resuelva los cinco recursos de alzada presentados contra las medidas.

    En este sentido, el nuevo titular de Industria, Joan Clos, aseguró ayer que, a la hora de resolver los citados recursos, su Departamento respetará la legislación comunitaria y tendrá en cuenta los comentarios de la Comisión Europea.

    Respecto a las nuevas competencias de la CNE, Bruselas anunció hoy el envío a España de un "dictamen motivado", el segundo paso del procedimiento comunitario de infracción, y le dio dos meses de plazo para modificarlas.

    Según el Ejecutivo de la UE, la ampliación de funciones del regulador energético español, aprobada de urgencia pocos días después de conocerse las intenciones de E.ON de hacerse con Endesa, supone una restricción a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento dentro de la Unión.

    La Comisión advirtió de que si Madrid no presenta una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses desde la recepción de esta petición, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

    La Comisión recordó que, en virtud de sus nuevas competencias, la CNE tiene capacidad para autorizar o denegar la compra de una participación significativa en empresas españolas que realicen actividades reguladas o sujetas a intervención administrativa.

    Los motivos por los que la CNE puede autorizar o denegar estas adquisiciones son la existencia de riesgos en relación con las actividades mencionadas, la incapacidad de realizarlas como consecuencia de otras actividades desarrolladas por la entidad adquiriente o por la adquirida, la protección del interés general y cualquier otra causa de seguridad pública.

    Tras analizar la respuesta de España a su primera petición de información, enviada en mayo pasado, Bruselas sigue creyendo que el procedimiento de autorización excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros.

    Además, recuerda que la legislación europea ya incorporada al ordenamiento jurídico nacional ya atiende las preocupaciones de las autoridades españolas a este respecto. EFECOM

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