Anticorrupción pide juicio oral y 2 años cárcel contra Villar Mir
Madrid, 25 sep (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral y una pena de dos años de cárcel para el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el consejero delegado de Recol Networks, Ignacio Ozcariz, por delitos de "administración fraudulenta" al desviar presuntamente unos 1,5 millones de euros.
En el escrito de Anticorrupción, conocido hoy, se indica que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) -del que era presidente Villar Mir en el año 2000- realizó facturas a Recol por valor de 1,45 millones de euros que "no han sido debidamente justificadas" y de las que se deriva un delito de administración desleal.
Fuentes cercanas a Villar Mir mostraron su sorpresa por el escrito de calificación de Anticorrupción, cuando todavía está recurrido un auto anterior del juez Garzón, y reiteraron que el presidente de OHL no "ha recibido ni una peseta" por estas operaciones, que fueron legales y estuvieron aprobadas por los órganos de gobierno del CICCP.
Además, estas fuentes recordaron a EFE que Juan Miguel Villar Mir paró la "inercia de puntocom" que tenía la compañía y evitó en 2001 la desaparición de Recol con un "adelgazamiento" progresivo de su negocio, lo que motivó posteriormente una denuncia por parte de un grupo de antiguos administradores ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, inhibido ahora a favor de la Audiencia Nacional, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además de pedir penas de dos años y diez meses de prisión para Villar Mir y Ozcariz, también administrador de Alkhaid y miembro del patronato de la Fundación Recol, la Fiscalía Anticorrupción demanda una indemnización para Recol Networks de 1,5 millones de euros, con la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
De los tres directivos imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el fiscal reclama el sobreseimiento para Carlos de Andrés Ruiz, ex consejero de la compañía para la que hizo un plan de reflotamiento en 2001.
El caso Recol arranca de una demanda presentada en 2000 por un grupo de accionistas contra diez gestores de Recol -entre los que se encontraba Villar Mir-, a los que acusaban de haber hecho uso ilegal de fondos de la sociedad y de estafa, al utilizar como presunta cobertura una oferta pública de suscripción lanzada en esas fechas para captar fondos.
Recol Networks, una plataforma proveedora de contenido y servicios para comunidades de profesionales en Internet, inició hace seis años una Oferta Pública de Suscripción (OPS) para dar entrada en su capital a profesionales.
Al final, consiguió 8.000 accionistas y 29 millones de euros (4.846 millones de pesetas), que suponían el 30 por ciento del capital social de la compañía, completado además por Alkhaid y Catalana de Iniciativas (con el 16 por ciento del capital cada una), la Fundación Recol (7 por ciento), los colegios profesionales (5 por ciento) y consejeros y ejecutivos (24 por ciento).
Según el último auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que admitió a trámite la querella en 2002, a finales del 2000 "se había gastado la totalidad del dinero invertido por los accionistas, en buena medida mediante la facturación de servicios inexistentes realizada por empresas vinculadas a consejeros y directivos de la sociedad".
Entre ellos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), que facturó a Recol por importe, exactamente, del 50 por ciento de la cantidad a pagar por la suscripción que solicitó dentro de la ops (242 millones de pesetas, unos 1,45 millones de euros).
La justificación se desglosaba entre el "software" de gestión colegial (por 167 millones de pesetas), otras facturas relativas al "modelo de financiación" (por 45 millones de pesetas) y otra factura relacionada con "un servicio de documentación en el área de ingeniería civil" (por 30 millones de pesetas), ninguna de las cuales "ha quedado debidamente justificada", según el auto de Garzón.
El juez considera además que "es razonable dudar por completo de los informes presentados" por Villar Mir para "tratar de explicar tan importante drenaje de dinero" desde Recol hacia el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
En la querella inicial del año 2000, un grupo de tres accionistas demandó a Lord Tristán Garel-Jones, Ignacio Oscariz Arraiza, Miguel Angel Rubio, Martín Brau, Francisco Javier Baviano Hernández, Carlos de Andrés Ruiz, don José Enrique Hours, Juan Miguel Villar Mir, Manuel de la Rica Pascual y Francesc Raventos, todos ellos consejeros de la mercantil Recol Networks, durante diferentes periodos.
Según los primeros demandantes, Villar-Mir y los otros nueve consejeros, acusados por la querella de estafa y administración desleal, aprovecharon "una coyuntura bursátil muy favorable a las empresas de nuevas tecnologías para sacar una oferta de adquisición de acciones restringida solo a Colegiados y recaudar así casi 30 millones de euros de pequeños inversores, de los cuales sólo una sexta parte correspondía a acciones".
Al conocer el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, los accionistas que demandaron a Villar Mir consideraron que el Ministerio Público se olvida de la ops, porque "se utilizó un capital social ficticio para que la gente invirtiera".
El último auto del juez Garzón sobre este caso indica que, antes de la OPS, se realizaron "varias ampliaciones de capital ficticios" por importe de 5,08 millones de euros -suscrito por la Fundación Red de Colegios Profesionales fundada en 1996- y de 2,5 millones de euros, suscrita por Alkhaid Technologies. EFECOM
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