El Tribunal de Cuentas acusa al Ministerio de Defensa de no justificar sus contratos

Todos los contratos del Ministerio de Defensa que ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas están insuficientemente justificados. Ésta es la conclusión que se desprende del informe que el órgano fiscalizador publicó el pasado 22 de diciembre sobre los contratos de la Administración de Pedro Morenés durante el ejercicio 2013, último año fiscalizado.

El Tribunal de Cuentas cogió una muestra de 55 contratos por valor de 296 millones de euros de los 444 expedientes que remitió Defensa al organismo y concluyó que había carencias justificativas en numerosos expedientes. El informe apunta que en ninguno de los 55 contratos fiscalizados figura un "documento de carácter económico que justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado y no otro mayor o menor", tal y como exige el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La normativa exige, según reseña el Tribunal de Cuentas en su documento, "un informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato".

Sin embargo, a pesar del meditado control que hace el órgano fiscalizador de los distintos expedientes, no hace referencia al objeto específico de los contratos que se examinan ni a la cuantía particular de dichos expedientes.

Contratos 'a dedo'

El Tribunal de Cuentas hace especial hincapié en los contratos adjudicados bajo la tramitación de urgencia. Este procedimiento implica una reducción de plazos, especialmente en cuanto a tiempo para presentar las ofertas, por lo que supone una restricción de la concurrencia de licitadores, por eso su uso sólo se permite cuando la necesidad del contrato es inaplazable.

Bajo este preámbulo, el órgano fiscalizador señala que el procedimiento de emergencia no está justificado en tres contratos de Defensa. El Ministerio utilizó esta tramitación para la adjudicación de los servicios de creatividad de una campaña publicitaria de las Fuerzas Armadas, un contrato en el que, según el órgano, "no se justificó la urgencia, simplemente se tramitó por el citado procedimiento".

Defensa también tramitó de urgencia el contrato del evento del 12 de Octubre, día de la Fiesta Nacional, bajo el único argumento de la "proximidad de la fecha", pese a que el Ministerio celebra todos los años la fiesta en la que tradicionalmente se realiza el conocido desfile militar en el madrileño Paseo del Prado.

Finalmente, la Administración dirigida por Pedro Morenés desde 2011, dio un tercer contrato por este proceso bajo la excusa de que "el contrato en vigor finaliza el 30 de septiembre de 2013 siendo necesario continuar el suministro de productos alimenticios a los acuartelamientos".

Ninguno de los motivos de éstos tres expedientes convencen al Tribunal de Cuentas, que alega en su informe que no está por tanto justificada la utilización del procedimiento de urgencia para la preparación y adjudicación de estos contratos. El Ministerio de Defensa, por su parte, no ha hecho ninguna declaración al respecto al ser preguntado por este periódico.

El informe, va más allá, y asegura que en 15 de los 55 contratos fiscalizados la justificación de por qué se necesita ese servicio o suministro está redactada en "unos términos excesivamente genéricos no correspondiéndose con las exigencias" de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Respecto a los expedientes que se adjudican en base a un Acuerdo Marco, en once de ellos, "no se han aportado los Acuerdos Marco de los que derivan los contratos mencionados por lo que no se ha podido comprobar si son o no conformes a los mismos", aclara el informe de fiscalización.

Solvencia de las empresas

El Tribunal de Cuentas también investiga si las Administraciones cumplen con la obligación de adjudicar los contratos a empresas solventes. Entre los expedientes remitidos por el Ministerio de Defensa, el órgano asegura que en ocho contratos, todos ellos de suministros, aunque el Ministerio indicó en los Pliegos los medios para acreditar la solvencia económica y técnica de las empresas licitadoras; "no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes". El problema se repitió además en otros 13 contratos, todos ellos de servicios.

El Tribunal también analizó cinco contratos licitados por el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Terradas que ascendían a los 9,8 millones euros; cuatro expedientes del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por 2,3 millones; uno de la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por 603.000 euros y un último contrato del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo adjudicado por 175.000 euros. En estos casos, la conclusión por parte del Tribunal de Cuentas no varía: los 11 contratos también están insuficientemente justificados.