Estado uruguayo adquiere acciones de filial de Aguas de Barcelona

Montevideo, 8 sep (EFECOM).- El Estado uruguayo adquirió hoy la participación mayoritaria de una filial de la compañía española Aguas de Barcelona que brinda agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado, informaron fuentes oficiales.

"Hoy se finaliza la compra del 60 por ciento del paquete de acciones de Aguas de la Costa que hasta ahora estaba en manos de Aguas de Barcelona", dijo a Efe el presidente de la empresa estatal de aguas, Obras Sanitarias del Estado (OSE), Carlos Colacce.

El 40 por ciento de las acciones de Aguas de la Costa que restan pertenece a una serie de socios locales que no aceptaron la oferta de compra de OSE.

Por eso, OSE necesitó crear una empresa mixta para poder operar en el mercado junto a los socios privados.

Para poder crear esa empresa, fue preciso aprobar una ley en el Parlamento, algo que se logró sin problemas.

Desde hoy, Aguas de Barcelona deja de operar en Uruguay y la empresa mixta funcionará hasta el 2018, año en que acaba la concesión, otorgada en 1993.

La empresa estatal uruguaya pagó 3,4 millones de dólares a Aguas de Barcelona por el 60 por ciento de las acciones de Aguas de la Costa.

La mitad de los 3,4 millones de dólares se pagará hoy y el resto un año después.

Las tarifas de Aguas de la Costa son varias veces superiores a las de la empresa estatal, por ello "la primera decisión que se tomará hoy mismo es equiparar las tarifas a las del resto de usuarios del país", aseguró Colacce.

Ahora, Aguas de la Costa presta servicios de agua potable y saneamiento a unos 2.500 usuarios en el departamento de Maldonado, el que recibe la mayor cantidad de turistas durante la temporada de verano austral (diciembre-marzo).

Pero Colacce espera que ese número "se duplique" dada la baja de las tarifas y "el número de clientes potenciales

La compra de Aguas de la Costa por parte de la empresa estatal uruguaya está en sintonía con la reforma de la Constitución aprobada en octubre del 2004, que adjudica al Estado la exclusividad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

No obstante, un posterior decreto del Gobierno explicitó que, a pesar de la reforma, se "respetarían los acuerdos vigentes", por lo que la concesión, aunque sea con los socios locales, perdura. EFECOM

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