Imputados 15 miembros del Consejo de Administración de Caja España por los créditos a las empresas de Santos Llamas

El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado a declarar como imputados a partir del próximo 25 de mayo a los integrantes del consejo de Administración de Caja España que aprobaron los créditos al presidente de la entidad Santos Llamas.

Se trata de 15 de los 17 miembros, excepción hecha del propio Llamas y de la asesinada presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que formaban parte de ese consejo de administración.

Entre quienes tendrán que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Rocío González, en calidad de imputados figuran los procuradores en las Cortes de Castilla y León Javier García-Prieto (PP), y José Francisco Martín (PSOE).

Otros políticos que se verán en esta situación son el presidente de la Diputación y del PP de Zamora, Fernando Martínez Maillo; el alcalde de Medina de Rioseco (Valladolid), el también popular Artemio Domínguez; el concejal y portavoz del PP en Ponferrada (León), Juan Elicio Fierro; y la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia, Begoña Núñez.

Además, por el banquillo también pasarán el exalcalde de León, Francisco Fernández, que tuvo que abandonar la política después de embolsarse una millonaria indemnización de 520.000 euros, por su prejubilación de la entidad, y el hoy consejero del Banco Caja España Duero (Ceiss), Alejandro Menéndez. El resto son el secretario general de Asaja Castilla y León, José Antonio Turrado, Olga Palacio, Bernardo Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Zenón Jiménez Ridruejo y Miguel Ángel Álvarez.

"Administración desleal"

En el transfondo de la denuncia de Izquierda Unida y de la Fiscalía de León contra los directivos de Caja España por un delito de "administración desleal" está el documento remitido por el Banco de España al Ministerio Fiscal, en el que se señala que "Santos Llamas no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España, ni de su sucesora Ceiss" por su condición de moroso con la Caja, informa Ep.

Asimismo, según el informe de los peritos del Banco de España remitido al juez, estas operaciones presentaban numerosas irregularidades ya que se renovaron los créditos pese a que había intereses de cobro pendientes, que además se le perdonaron; no se aportaron nuevas garantías y había una certeza razonable de que no iba a cumplir sus compromisos de pago.

En total, los informes de los peritos del Banco de España analizaban 29 operaciones de crédito o líneas de avales concedidos por Caja España a Santos Llamas por 67,9 millones de euros. De ellas, el 80 por ciento de las operaciones firmadas por Llamas con la entidad que presidía eran de riesgo y no se computaban como tal en la Caja.

En el informe del Banco de España se señala además que Santos Llamas ocupó durante varios años la presidencia de la entidad de forma ilegal ya que la normativa impedía ocupar el puesto de consejero a quien tuviese impagos con la entidad.

Uno de los imputados, el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, mostró ayer su tranquilidad al conocerse la decisión judicial ya que, aseguró, "pertenecía a un órgano colegiado que tomaba las decisiones siempre con los informe favorable de los que sabían del tema, es decir, técnicos, Comité de Riesgos y Comité de Dirección, que consideraba que la mejor solución para muchos créditos era la refinanciación".