Bronca judicial entre FCC y los fondos por la refinanciación de la deuda

La constructora tiene dos semanas para rebatir la denuncia de los acreedores

Las aguas no terminan de calmarse en FCC. Un grupo de fondos internacionales ha impugnado ante los tribunales españoles el acuerdo de refinanciación que selló a finales de 2014 del segundo tramo de la deuda (el B), que ascendía a 1.350 millones de euros. Los acreedores, que copaban el 7 por ciento de la deuda (casi 95 millones), remitieron el miércoles a la compañía el escrito, en el que denuncian el uso de la homologación de la quita, según las fuentes consultadas por este diario. La constructora tiene ahora dos semanas para responder.

FCC acordó con los grandes bancos condonar el 15 por ciento de la deuda, es decir, le perdonaron 202,5 millones de euros. Alrededor del 93% de los acreedores aprobaron las condiciones de la refinanciación y la constructora recurrió a la legislación para forzar al 7 por ciento restante a aceptar la quita.

El acuerdo se fraguó en paralelo a la ampliación de capital de 1.000 millones que realizó la constructora, por la que su entonces propietaria, Esther Koplowitz, vendió sus derechos de asignación al magnate mexicano Carlos Slim. Por esta operación, su sociedad B-1998 (recientemente absorbida por otro de sus vehículos, Dominum Dirección y Gestión) diluyó su participación a la mitad, hasta el 24,5 por ciento (rebajado con posterioridad al 22,4%), mientras que Slim se convertía en el primer accionista con el 25,6 por ciento del capital.

Pues bien, los fondos inciden en que esta ampliación de capital hace "innecesaria y desproporcionada" la quita del 15 por ciento planteada, señalan fuentes de su entorno. De los 1.000 millones, 750 se han destinado a amortizar parte de la deuda del tramo B, mientras que los 250 se reservaron para Cementos Portland y para el negocio en Reino Unido. Este grupo de acreedores denuncia que son más "perjudicados" que los bancos españoles en tanto en cuanto éstos mantienen "intereses cruzados" con FCC.

En su escrito, los fondos arguyen que la homologación de la quita habría "incumplido" la legislación europea que protege a los titulares de garantías financieras (directiva 2002/47). Fuentes del sector afirman, sin embargo, que esta norma "no es de aplicación ya que se refiere a garantías de productos financieros muy complejos, que no es el caso", y aseguran que "los jueces mercantiles han establecido doctrina" en este sentido. Asimismo, denuncian que FCC "no ha cumplido" con los umbrales de aceptación que fijan los estatutos para la homologación, extremo que las auditorías realizadas refutan, según las mismas fuentes.

El bono convertible

El tercer punto de discordia a juicio de los fondos es que la homologación impone "un sacrificio desproporcionado" para una parte de los titulares del tramo B de la deuda, frente a los bancos españoles. Las fuentes consultadas insisten en que "el trato ha sido igual a todos".

FCC, que rechaza las acusaciones sin entrar a valorarlas, trasladará al juez su respuesta en las próximas dos semanas. Los fondos pretenden, además, que la justicia española responda sobre los puntos denunciados ante el Tribunal Europeo de Justicia, lo que abriría un conflicto que podría alargarse de uno a dos años.

El frente en los tribunales españoles se suma al que un grupo de fondos han abierto en Londres por la reestructuración del bono convertible de 450 millones que FCC emitió en 2009. En este caso, la participación de los denunciantes es muy reducida. La resolución del juez se espera, en este caso, para mayo o junio.