El 'fracking' llegará a Burgos en 2016
BNK hará en el norte de la provincia burgalesa los primeros sondeos exploratorios en nuestro país en busca de gas para extraer con la técnica de la fractura hidráulica. Los ayuntamientos de la zona se oponen, pese a las promesas de grandes ingresos.
En la localidad burgalesa de Villarcayo, el Ayuntamiento quiere desplegar una gran pancarta para que se "visualice" el rechazo unánime de toda la corporación municipal al fracking. Es uno de los cinco municipios en los que la empresa BNK España comenzará a sondear, por primera vez en España, en busca de gas para extraer con la polémica técnica de la fracturación hidráulica. Entre los alcaldes el rechazo es unánime, pese a la lluvia de millones que la compañía que promueve el proyecto promete por el temor a que se produzcan movimientos sísmicos o contaminación de acuíferos.
La cuenta atrás para la utilización del fracking en nuestro país ya ha comenzado. La filial española de la compañía canadiense ha definido ante las administraciones los lugares concretos donde realizará los sondeos exploratorios, que deben todavía pasar un largo proceso de evaluación medioambiental. Si se aprueba el examen, los sondeos podría comenzar en 2016 y si hay gas, la producción comenzaría en 2018.
BNK Petroleum, que empezó a extraer gas en 2005 en Oklahoma (Estados Unidos), tiene permisos para sondear en el norte de Burgos, en la zona conocida como Las Merindades. Los dos emplazamientos, conocidos como Urraca y Sedano, están situados en la formación geológica Camino, donde la compañía calcula que se esconden el 20 por ciento de las reservas existentes en España del denominado gas pizarra, llamado así porque se encuentra atrapado entre las rocas.
Pese a que la empresa afirma que se trata de sondeos "exploratorios", la alcaldesa de Villarcayo, la popular Mercedes Alzola, mantiene su rechazo. "Es verdad que lo que ahora se está planteando es la investigación, no la explotación. Pero en la exploración también se hace fracking, la técnica es la misma y el riesgo potencial también".
La alcaldesa, que se prepara ya para la cita electoral con la que pretende afrontar su sexto mandato, reconoce que hay oposición entre los vecinos. "La gente tiene miedo porque se teme a lo desconocido. Tenemos mucho patrimonio natural, que es una de nuestras características más singulares, y nosotros lo queremos proteger. Ése es nuestro temor, a que se pueda ver afectado negativamente nuestro mayor riqueza".
El alcalde de Merindad del Río Ubierna, Raul Martín Bellostas, también del PP, recuerda que ya mostraron su postura con una moción antifraking en septiembre del año pasado. Los 1.400 vecinos de los 21 pequeños núcleos de población que forman el municipio, que también será pionero en las exploraciones, "están mayoritariamente en contra de una técnica que no se conoce, que provoca mucha alarma social porque hay poca información", afirma.
El regidor critica que ni Zapatero cuando concedió los primeros permisos, ni ahora el Gobierno de su partido, les haya consultado y "ahora tengamos que ser nueve tíos de pueblo los que tenemos que dar una licencia que es geoestratégicamente importantísima", se lamenta.
"Lógicamente hay mucha oposición. Nadie nos dice exactamente lo que es. Tenemos la información de la empresa, que es verdad que siempre ha atendido a lo que hemos pedido, y de los grupos antifracking. Tenemos los dos extremos, el bueno buenísimo de unos y el malo malísimo de otros, pero no hay ningún organismo oficial independiente que nos diga esto sí porque es así y esto no por tal".
Martín Bellostas no duda que el proyecto superará los requisitos medioambientales pertienentes pero, se pregunta, "cuál es el futuro de las actuaciones, nadie nos dice qué efectos van a tener a 50 ó 100 años, quién se hace cargo si hay algún tipo de contaminación. Igual entonces cambiábamos nuestra postura pero nadie nos explica eso".
Entre la espada y la pared
El alcalde reconoce que no tiene capacidad para detener el proyecto; "vamos a poner las alegaciones oportunas pero al final es un proceso administrativo y si se dice que se cumplen los pasos a, b y c, entonces el d, que es la licencia administrativa, está ímplícita en el proceso. Si cumplen lo que dice la ley ,el paso normal es dar la licencia de actividad como a una empresa ganadera o a un bar. Si no lo hiciésemos podrían ir contra nosotros. Estamos entre la espada y la pared".
Las perforaciones se repartirán en seis emplazamientos. En cada una de ellas se podrán realizar hasta dos sondeos, aunque la compañía matiza que no necesariamente se tendrán que hacer todos, ni se harán de forma simultánea, puesto que el análisis de cada pozo determinará la ubicación del siguiente.
Cada pozo supondrá unos ingresos de entre 300.000 y 600.000 euros por sondeo a los ayuntamientos en impuestos municipales y tasas. Será sin embargo, una simple propina si finalmente se encuentra gas porque el cambio realizado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, en la Ley de Hidrocarburos reserva para los propietarios de los terrenos el 1 por ciento de la producción, entre 2 y 4 millones de euros por pozo.
El mismo Proyecto de Ley, que ahora se encuentra en trámite parlamentario, establece además una tasa de 125.000 euros por cada sondeo; y un impuesto a la producción de entre el 1 y el 4 por ciento que revertirán "con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen estas actividades".
Además de los sondeos de Urraca y Sedano, la compañía canadiense espera permiso para otro más en la misma zona, el de Rojas. Hasta la fecha, BNK ha obtenido 5 concesiones con una extensión total de 4,550 km2 (4,155 km2 netos) distribuidas en Polonia y España. En Estados Unidos, BNK posee pozos propios en producción.
Las razones económicas no convencen a los alcaldes. Desde Villarcayo, Mercedes Alzola, asegura que "aunque nos vayan a dar dinero no dejamos de temer esta técnica. Por puro sentido de la prevención nos oponemos porque está en juego la salud de las personas y el medio ambiente", al tiempo que anuncia que presentarán las alegaciones oportunas a la Declaración de Impacto Ambiental que está en exposición pública.
Raúl Martín Bellostas insiste en que "la sensación que hay es que que los perjuicios medioambientales var a ser importantes. Nosotros no tenemos más que nuestro campo y nuestra tierra, no tenemos otra cosa. Si alguien quiere hacer algo diferente claro que tenemos que estar asustados. Y si además no hay nadie que diga esto está bien, con mucha más razón. También hay gente que está en la opinión de que esto puede suponer trabajo e ingresos. Pero como eso nos lo han prometido tantas veces y nadie lo ha cumplido, pues ya no te lo crees".
En el caso de Merindad, los terrenos pertenecen a las juntas vecinales, que ya rechazaron el uso de las tierras para las exploraciones. Por eso, este alcalde rebate las cifras que da la compañía. "Los ingresos por los impuestos serían de un 3,5 por ciento, no del 4 por ciento, y luego estaría el alquiler de los terrenos pero van a pedir una ocupación temporal por lo que el pago será mínimo".
Martín Bellostas teme por las secuelas. "Harán el pozo y utilizarán la técnica del fracking y luego a ver si sale gas. Si no, recogen y se marchan y se nos queda ahí todo el tema. Y si sale, dicen que van a dar el 1 por ciento. ¿Y como puedo saber yo, que no tengo los conocimientos adecualos, qué es lo que sacan de allí todos los días".
Legislación exigente
La compañía niega los riesgos que proclaman las asocaciones antifraking e insiste en que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que tienen que pasar cumplen una de las normativas más exigentes en Europa. Estos estudios han sido elaborados por más de una treintena de especialistas (ingenieros, geólogos, hidrogeólogos, ambientalistas, biólogos y arqueólogos) durante más de dos años. En ellos se analizan aspectos como la geomecánica del subsuelo, hidrogeología, geología, ciclo de agua, sismicidad, arqueología, biología, etc.
El tejido empresarial en las Merindades también se está movilizando contra el frácking. África, propietaria de una la tienda de decoración Yebra, en Medina de Pomar, tiene una participación activa desde hace una año "cuando me enteré de lo que esto significa realmente".
Participa en la recogida de alegaciones en el comercio contra uno de los pozos previstos en la zona y es clara cuando asegura que "la mayoría estamos en contra. Incluso cuando vamos los clientes también quieren firmar".
"Yo estoy totalmente en contra, no tengo ninguna duda. La información es global y hay evidencias de los perjuicios, con sentencias judiciales en contra", mientras se pregunta qué pasaría con una riada, como las que ha habido este año con las nevadas, inundado balsas con miles de litros de productos químicos. El problema, desgraciadamente, no es local".
¿Qué necesidad tenemos aquí, en una zona que vive del turismo y la agricultura, de asumir el riesgo", afirma.
En otro pueblo de la provincia donde BNK está pendiente de obtener permisos, en Rojas, su alcalde, José Luis Alonso, pide un poco más de información, aunque afirma que "si el Gobierno y la Junta lo ven bien, sabrán lo que hace. Ademá, las empresas no son terroristas".
El edil afirma que "si hay tanto gas como dicen no se puede perder la oportunidad. Los problemas serían igual en otros sitios pero es aquí donde hay gas y tendremos que asumir los problemas".