El expresidente de Enresa iba a dar sin informes el cementerio nuclear a ACS

La historia se repite. El expresidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega tenía la intención de adjudicar, presuntamente, las obras del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) a una compañía de Florentino Pérez, según han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la empresa estatal de residuos radiactivos.

El pasado miércoles, Gil-Ortega presentó su dimisión alegando "motivos personales", sin embargo está decisión fue forzada desde el Gobierno central, el mismo que este jueves paralizó la adjudicación de estas obras, al menos hasta que se conozca el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que previsiblemente estará listo a finales de marzo.

Según las mismas fuentes, la estrategia del expresidente de Enresa, Gil-Ortega, era presuntamente esa. Adjudicar el contrato principal del proyecto al consorcio liderado por Dragados (filial de ACS) antes de que el CSN se pronunciara y se incrementaran los costes de las obras.

El pasado mes de julio, Gil-Ortega logró que se aprobaran los pliegos del concurso principal del ATC. Pero esto no le resultó fácil al expresidente, que tuvo que reunir al consejo de Administración de Enresa en tres ocasiones en una misma semana. En las dos primeras reuniones el consejo logró tumbar sus pretensiones, sin embargo, durante el tercer encuentro consiguió que aprobaran los pliegos.

La insistencia de Gil-Ortega para acelerar el proceso de adjudicación tenía sus razones, ya que el CSN solicitó a Enresa más estudios geológicos sobre los terrenos donde se va a instalar el almacén nuclear. Al parecer, los informes independientes han detectado graves problemas, como filtraciones, que podrían afectar a un importante acuífero subterráneo cercano a los terrenos y que suministra agua a la comarca para el regadío de agricultura y también para el consumo humano.

Gil-Ortega aceleró el proceso

Mientras el CSN analiza los nuevos informes, Gil-Ortega seguía acelerando el proceso de adjudicación, en el que sólo quedaban dos de los tres consorcios que se presentaron inicialmente y en ambos están presentes filiales de ACS.

Según explica la plataforma que se ha creado para luchar contra la instalación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca), una de las oferta está compuesta por Vías y Construcciones (filial de ACS) y FCC. La otra está formada por Dragados (filial de ACS), Ferrovial y Construcciones Sarrión. Este último consorcio es el que supuestamente iba a ganar la licitación por hacer la oferta más económica.

Según explican fuentes cercanas al proceso, de los tres sobres de los pliegos ya se han abierto dos. "En ese proceso se descartó la participación del tercer consorcio y se quedaron los dos citados anteriormente, con una puntuación muy similar", señalan.

Todavía no se han abierto los sobres que contienen el precio ofrecido por cada consorcio, pero las mismas fuentes dan por seguro que la gran favorita era Dragados, "con una oferta próxima a los 180 millones de euros", indican.

Se trata de un precio imbatible ya que el presupuesto destinado a la obra principal ascendía hasta los 263,5 millones de euros. Entra estas dos cifras existe una amplia diferencia, sin embargo, es aquí donde entran en juego los informes del CSN que podrían suponer fuertes incrementos al coste del contrato, o incluso paralizar la obras por completo.

Llegados a este punto es lógico recordar el polémico almacén de gas Castor, donde también está implicado Florentino Pérez. Precisamente esto es lo se que lleva denunciando durante meses desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca y también desde Ecologistas en Acción.

"Es imposible definir el proyecto a nivel técnico y económico antes de conocer las condiciones impuestas a la construcción. Pero la realidad va en sentido contrario", denunciaban.

La plataforma medioambiental aseguraba que adjudicarlo sin los informes del CSN es "una maniobra que podría perjudicar seriamente a las arcas públicas. Si se adjudica el contrato, pero finalmente no se lleva a cabo la construcción del cementerio, la empresa adjudicataria recibiría una cuantiosa indemnización por lucro cesante. Algo parecido a lo ocurrido con la Plataforma Castor recientemente".

Según fuentes cercanas a Enresa, el conjunto de los contratos que se adjudicarán para desarrollar el nuevo almacén nuclear tienen un valor aproximado de 1.000 millones de euros.

Ceses y degradaciones

Todo el ruido generado entorno al nuevo almacén de residuos radiactivos y las actuaciones de Gil-Ortega durante su mandato han llevado al Gobierno a forzar su dimisión, a pesar de que el expresidente era un hombre de confianza de la presidenta de la Junta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal y también del Ministro de Energía, José Manuel Soria. Con este último coincidió en la Federación Española de Municipios y Provincias.

Al parecer, las continuos ceses y degradaciones que ejecutaba Gil-Ortega en Enresa cuando alguien retrasaba sus objetivos han cansado al Gobierno. Tanto, que tras el último cese que tuvo lugar en diciembre del año pasado y que afectó al director de Administración y responsable de Compras y Contrataciones de Enresa, Eugenio Alejandre, se reúnen varios miembros de la Administración para solicitar su marcha. Así, según explican fuentes cercanas a Enresa, Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía y Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, se reunieron con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que forzara su dimisión.

En solo seis meses Gil Ortega ha destituido a tres altos cargos de la empresa pública que presidía. Dos de ellos pertenecían al Comité de Dirección. El último fue Alejandre, que llevaba en su cargo desde 2013, pero anteriormente también había cesado al Secretario General de Administración, Jesús Moreno Vivas, que no estaba de acuerdo en seguir adelante con la adjudicación del ATC.

Según fuentes de Enresa, Gil-Ortega y Moreno habrían tenido además algunas diferencias por el "cobro indebido de las dietas", ya que en la sociedad estatal se puede recibir una paga mensual fija o se pasan los gastos y al parecer Gil-Ortega hacía uso de las dos modalidades.

Por otro lado, también cesó al encargado de Organización y Recursos Humanos, Jesús Horcajo, que llevaba en el cargo desde agosto de 2012. En este caso, según explican en la plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenta, Horcajo se habría negado a contratar 28 personas "a dedo" por parte de Gil-Ortega. "Una oposición que podría haber costado el puesto", aseguran.