El inversor que altera Popular se enfrenta a una querella por estafa
El inversor Trinitario Casanova, que ha saltado a la palestra informativa en los últimas semanas por alterar la cotización del Banco Popular, se enfrenta a una querella criminal por estafa al no pagar avales de 7,8 millones de euros presentados en la compra de unos terrenos en la localidad murciana de Águilas para el desarrollo del proyecto Zerrichera. La garantía, precisamente, está cubierta por el Popular. Casanova ha reconocido que su deuda en Popular está pignorada.
El pasado 1 de abril los antiguos propietarios de estas tierras, que se aglutinan en Agriser, presentaron una querella ante el Juzgado de Lorca contra el presidente de la inmobiliaria Hispania.
Todo comenzó en marzo de 2003 cuando la promotora entró en contacto con Agriser, la empresa de explotación agraria que era la dueña de los terrenos en los que se planeaba construir un campo de golf y 1.500 viviendas. Tras varios meses de negociaciones, el 25 de julio de aquel año los empresarios agrícolas firmaron un contrato de permuta con el representante legal de Hispania. A cambio de sus terrenos recibirían en un plazo de tres años una edificación futura que consistiría en 44 parcelas totalmente urbanizadas de 500 metros cuadrados netos cada una de ellas y en construir sobre cada una de dichas parcelas una vivienda de 125 metros cuadrados y una piscina.
En el pacto se incluyó que el otorgamiento de la escritura pública se produciría el mes siguiente a que fuera aprobado el proyecto por parte del Ayuntamiento de Águilas. Pese a esta situación, la empresa logró convencer a los propietarios para acudir al notario y realizar un acto de aseguramiento de la misma. De esta forma, el 28 de mayo de 2004 se firmó una escritura de opción de permuta en la que supuestamente las partes recibieron 3.000 euros, pero según la versión de los dueños de los terrenos, el cheque no llegó a cobrarse porque se devolvió en una escritura posterior.
Pasado el verano, el 15 de septiembre de ese mismo año, los propietarios del suelo volvieron a comparecer en la notaría para otorgar la escritura por la que Casanova ejercía el derecho de opción de dicha permuta. En aquel acuerdo quedaron incluídas la llamada condición resolutoria del contrato y el pacto de no venta o cesión a terceros sin la autorización expresa de los querellantes, es decir, los propietarios de los terrenos.
Previamente, el 17 de octubre de 2005, Trinitario Casanova había trasmitido la finca y recibido de una sociedad compradora, Inverlur 5005, un total de 20 millones de euros, más otros 3,2 millones por el IVA, pese a no tener la propiedad de dichos terrenos, según se explica en la querella a la que ha tenido acceso este diario. Desde esa fecha, aseguran los propietarios, Casanova comenzó a enviarles planos, escritos del Ayuntamiento de Águilas, felicitaciones especiales de Navidad para acabar planteándoles, en enero de 2006, la necesidad de cancelar la condición resolutoria de dichos contratos de permuta.
Las razones de la operación
Para el empresario había dos potentes razones para realizar esta operación. Por un lado, agrupar la finca de 156 hectáreas de Agriser a otras dos de 60 y 30 hectáreas, respectivamente, que habían comprado con posterioridad y así poder inscribir el proyecto de compensación para segregar las parcelas que les correspondían a estos propietarios. Y el segundo motivo, de mayor envergadura, era poder hipotecar la finca para comenzar los trabajos de urbanización de la misma cuanto antes.
Para convencerles de las bondades de esa cesión y con el objetivo de darles certidumbre en su cobro, el empresario les ofreció la entrega de unos avales del Banco Popular por 7,8 millones de euros, que servirían para garantizar los mínimos derechos pactados por esta operación.
La condición era que una vez recibidos dichos avales se procedería a cancelar la condición resolutoria, aunque según los denunciantes en ese momento Casanova ya había incumplido el contrato.
Sin construcción
El 9 de febrero de 2006, Trinitario Casanova convenció a los propietarios para cancelar esta condición resolutoria que constaba inscrita en el Registro de la Propiedad. Una vez logrado este extremo, el 28 de febrero de 2006 se vendió la finca a Inverlur 5005 por 105 millones de euros, más 16,8 millones por el IVA. De este modo, Casanova recibió 50 millones de euros en metálico y otros 55 millones en pagarés avalados, pero la nueva entidad no tenía obligación de construir nada para los antiguos propietarios.
Según consta en los documentos que obran en poder del Juzgado, los querellantes realizaron una permuta de forma que Casanova parece que no desembolsó un euro.
En mayo de 2006, el Gobierno murciano dio marcha atrás al proyecto desde la consejería de Desarrollo Sostenible, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera a trámite una querella por prevaricación contra cinco alto cargos. Sin pisos y sin dinero, los antiguos propietarios demandan al menos el pago de los avales cubiertos por el Popular. El letrado de Agriser indicó a este diario que se dirigió a la dirección regional del banco en Murcia solicitando el cobro de dichos avales mediante un escrito del pasado 5 de marzo y que apenas 12 días después, la entidad mostró su negativa por carta. A esta situación se suma que las garantías prestados por el Popular no cubren el valor permutado y consideran que esta situación les provoca una perjuicio de 8,3 millones de euros, según el peritaje realizado por el arquitecto técnico Miguel Beltrán.
El constructor aseguró a elEconomista que las plusvalías habían sido de 40 millones, después de haber logrado que la Kutxa comprará los terrenos por 100 millones de euros. La compañía Hispania facturó en 2006 un total de 151,4 millones de euros y un beneficio de 54,3 millones de euros. El Banco Popular, por su parte, indicó que no pueden hacer comentarios sobre sus clientes.
Casanova compró entre finales de 2007 y principios de 2008 su participación del 3,5 por ciento mediante un crédito de 394 millones que le otorgó la banca extranjera, según indicó el propio empresario. Hace unos meses también vendió a Tumbo de Privilegios, editora del gratuito Negocios, su empresa Prensa del Sureste. Casualmente, fue este diario el que adelantó que el empresario murciano estaba en negociaciones con un grupo mexicano para venderle su participación en el Banco Popular.
Trinitario Casanova acumulaba en esta inversión unas pérdidas de 220 millones. Además de los 99 millones que tuvo que desembolsar por la pignoración de los títulos, las acciones retrocedían en cerca de 122 millones.
El promotor ha traído de cabeza a la cúpula del Popular por todas las informaciones que han salido en la prensa sobre la eventual entrada de la operadora mexicana Axtel. Fuentes oficiales de este grupo ya han desmentido el interés por acceder al capital del banco español, tal y como daba cuenta este periódico hace diez días. Las acciones de la entidad han sufrido fuertes alteraciones en la bolsa.