¿Cuánto pagarán los ciudadanos por el cierre del almacén de gas Castor?
La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor y una compensación de 1.350 millones para la empresa promotora Escal, en la que participa ACS.
Pese a que este importe lo pagará en principio la sociedad Enagás transporte, "realmente serán los consumidores los que acaben pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual", aseguran desde la OCU.
La organización calcula que el cierre de las instalaciones de almacenaje de gas del Castor supondrán un coste para los consumidores de 4.731 millones de euros, repartidos en 30 años.
"Se socializan las pérdidas de un proyecto claramente perjudicial para el interés público, y que en el caso de haber tenido éxito habría favorecido fundamentalmente al interés privado", ha señalado la OCU en un comunicado.
La OCU ha recordado que los consumidores españoles ya se encuentran entre los que más pagan por el gas, "y seguirán escalando posiciones entre los más caros como consecuencia del encarecimiento en la factura que supondrá esta medida" que, además, se une al déficit de tarifa del sector eléctrico que ya pagan los usuarios.
Cataluña lleva el caso a Bruselas
Al respecto, el Gobierno catalán acordó este martes encargar a los servicios jurídicos de la Generalitat el estudio de las vías de impugnación del Real Decreto Ley 13/2014 del Gobierno central por el que se acuerda repercutir en la tarifa del gas de los ciudadanos durante los próximos 30 años los 1.350 millones de euros de indemnización a la empresa ACS por la suspensión del proyecto Castor.
En un comunicado, asegura que impulsará las medidas jurídicas en defensa de los intereses de los consumidores y de los sectores económicos , y se opone a que los costes relacionados con la extinción de esta concesión se puedan imputar a los ciudadanos y a los presupuestos públicos, ya que defiende que el proyecto no entrará en servicio por limitaciones atribuibles al mismo y a su ejecución.
Cataluña trasladará los hechos a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre si la decisión adoptada por el Gobierno español se ajusta al derecho comunitario, y también evaluará el impacto del real decreto sobre las familias y empresas para estudiar que puedan reclamar daños y perjuicios.
El Gobierno se defiende
Desde el Gobierno se defiende que los consumidores de gas van a "ahorrar más del 50% de lo que estaba previsto" en el escenario inicial de costes del almacén subterráneo de gas de Castor, después de que el Gobierno haya aprobado el real decreto ley con el encaje retributivo de esta instalación.
En palabras del ministro de Industria, José Manuel Soria, "era una concesión de 2008 a través de un real decreto con determinadas condiciones, y una de las condiciones era que si en algún momento el operador renunciaba al mismo, se tenía que indemnizar por el valor residual del mismo".
Soria destaca además que, con el nuevo real decreto ley, el coste financiero de la retribución reconocida a Castor será "de aproximadamente el 4,5%, frente al interés "superior al 10%" reconocido en el un primero momento y reducido posteriormente al 8,5%.