Fomento necesita el apoyo de la banca extranjera para salvar las autopistas

La banca extranjera es la pieza clave en el rescate de las nueve autopistas en quiebra. Estas entidades acumulan aproximadamente un 40 por ciento de la deuda de estas concesionarias y hasta el momento han sido el principal obstáculo con el que se ha topado el Gobierno a la hora de negociar una solución.

La Administración propone la creación de una Entidad Nacional de Autopistas , pero antes quiere aplicar una quita del 50 por ciento sobre la deuda de las radiales, que ronda entre los 4.000 y los 4.600 millones de euros. Esta condición siempre ha sido rechazada por la banca extranjera, por lo que una de las opciones que se están negociando estos días en las reuniones del Gobierno con las entidades, es que la banca nacional, que soporta el otro 60 por ciento del pasivo, asuma la deuda de los bancos foráneos, una opción que ya se estudió antes del verano.

Hasta ahora el Estado necesitaba el visto bueno de todos los actores implicados para poder cerrar un acuerdo, pero con la nueva Ley Concursal en marcha, el camino se ha allanado bastante.

Según la nueva normativa, la Administración podrá realizar una propuesta de convenio única para todas las concesionarias. Asimismo, la ley contempla que si un 75 por ciento de la masa de la deuda da el visto bueno a esa propuesta, el otro 25 por ciento de los acreedores se verán arrastrados.

En estos procesos las entidades se consideran actores privilegiados, de forma que no están obligados a votar el convenio y si lo hacen, pierden esos privilegios. De este modo se crean dos escenarios posibles.

En el caso de que la banca decida votar, el Gobierno, que ahora sólo debe convencer a una parte de los acreedores, seguirá necesitando el visto bueno de las entidades extranjeras, ya que sólo con la banca nacional no alcanza la cuota necesaria.

Reuniones con la banca

Por eso los esfuerzos de Fomento a lo largo de la última semana se han concentrado en buscar una solución en ese sentido, que le permita asegurarse el suficiente respaldo como para lanzar una propuesta de convenio y estar seguro de que va a recibir el apoyo necesario.

En este sentido, el Gobierno planteó que los grandes bancos españoles (como Bankia, Santander, BBVA o Sabadell) se queden con la deuda de los foráneos, que se convertirá en un bono a 30 años y devengará un tipo de interés del 4,11 por ciento. La otra opción y seguramente la más probable, es que el Gobierno llegue a un acuerdo extrajudicial fuera del concurso, con la banca y por otro lado negocie el convenio con los acreedores ordinarios, entre los que se encuentran las constructoras y los proveedores, entre otros.

Sin prisa, pero sin pausa

Hasta ahora el reloj apremiaba, pues el día 19 de este mismo mes se celebra la junta de acreedores de la autopista de peaje AP-36 que discurre entre las localidades de Ocaña y La Roda y es operada por Ferrovial con el respaldo de Sacyr y KutxaBank. Si el convenio que se ha presentado por los acreedores no se acepta, esta concesionaria tendría que ir a liquidación y por lo tanto el Estado tendría que compensar a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración a los titulares de la sociedad y a sus acreedores, tal y como se estableció en su momento en los contratos de construcción y concesión de las autopistas .

Esto es precisamente lo que quiere evitar la Administración con la creación de una sociedad que aglutine a todas las empresas en crisis. Así lo indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, que aseguró que están "trabajando y diseñando en un modelo de negocio sostenible, que no impacte en las cuentas públicas, que genere ingresos y que garantice el sistema concesional español".

Por eso, la Administración ha sabido guardarse las espaldas con las modificaciones en la Ley Concursa, que entre otras cosas le permite aglutinar todos los concursos de las concesionarias en quiebra en un solo juzgado, eso sí, cuando haya presentado la misma propuesta de convenio para todas las empresas en concurso.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la nueva ley permite aplazar de nuevo la junta de AP-36, ya que no se ha especificado cuál es el mecanismo procesal de cómo hacer valer esa propuesta. De este modo, aseguran que por lo tanto la junta podría aplazarse sin problemas si el Ejecutivo notifica que en unos días o semanas va a presentar su propuesta de convenio. Asimismo, la nueva ley permite que la Administración realice su propuesta aunque se hayan pasado los plazos, y en el caso de que finalmente se celebré la junta de acreedores de la AP-36 y no se llegue a un acuerdo, la Administración tiene tiempo de presentar su propuesta antes de que el juez decrete la liquidación.

Oferta oficial

Según fuentes del sector, la lógica hace pensar que las condiciones que presentará la Administración son las mismas que se han estado negociando a lo largo de estos meses. Concretamente, la solución que ofrece Fomento consiste en aplicar una quita del 50 por ciento sobre un pasivo y transformar el restante en bonos a 30 años retribuidos a un interés fijo del 1 por ciento (podría mejorarse ligeramente) más un porcentaje variable asociado a la evolución futura de los tráficos.