La rebaja de comisiones podría afectar a compras con tarjetas extranjeras
- La banca pide al Gobierno que clarifique el ámbito de aplicación
La rebaja de comisiones a los comercios por los pagos con tarjetas decretada por el Gobierno y que podría entrar en vigor la próxima semana resulta confusa para el sector financiero respecto a su ámbito de aplicación.
Algunos agentes de la industria de medios de pago han solicitado que se clarifique si los nuevos topes tarifarios rigen solo para transacciones nacionales o afectan también a las que efectúen aquí los ciudadanos extranjeros, indicaron fuentes al corriente de las consultas.
El Gobierno quiso adelantarse al reglamento europeo, actualmente en trámite parlamentario, anticipando reglas para abaratar la factura de las tiendas cuando aceptan tarjetas a sus clientes. Limitó en el 0,3% la tasa interbancaria en compras a crédito y al 0,2% o 7 céntimos, si es a débito, frente al 0,79 por ciento tope vigente en la actualidad.
Reducción a la mitad
La tasa interbancaria es la que cargan entre sí el banco que instaló el lector al comercio (TPV) y el que emitió la tarjeta. Con ella se reparten los costes del procesamiento e influye en la comisión que trasladan luego a la tienda por prestar el servicio. Al abaratarla se busca evitar que repudien el dinero de plástico y se extienda el pago telemático, que ayuda a combatir la economía sumergida a diferencia del abono en metálico.
Así, el Ejecutivo aprovechó para fijar las nuevas reglas el Proyecto de Ley de medidas urgentes para el crecimiento, cuya aprobación se prevé esta semana en el Congreso. Limita las tasas en operaciones que se realicen "en terminales punto de venta situados en España" (TPV's), siempre que se precise "el concurso de proveedores de servicios de pago establecidos en España". Las fuentes consultadas advierten que bajo esos parámetros cabe cualquier abono de un extranjero de visita por el país, cuya entidad financiera, la que emitió su tarjeta, vería sustancialmente mermada su comisión.
En el sector intuyen que el interés del Gobierno es maximizar la aplicación. "Es muy difícil controlar este tipo de transacciones por parte del Banco central, que es el último responsable de la implementación de la ley", advierten y abogan por circunscribirlo a las transacciones nacionales.
El PP ha presentado enmiendas en el Congreso para suprimir el artículo que fija la entrada en vigor "a partir" del 1 de septiembre y aclarar que no afecta a las tarjetas de uso limitado (por ejemplo, las ofrecidas por una empresa a sus trabajadores). En todo caso, la banca está preparada para aplicar de inmediato los nuevos topes.