Empresas y finanzas

Repsol demanda a Ecuador por la ley de ingresos extras del crudo



    QUITO (Reuters) - La petrolera española Repsol-YPF ha demandado a Ecuador ante un tribunal arbitral adscrito al Banco Mundial por la aplicación de una reforma legal que la obliga a entregar casi la totalidad de los ingresos extras por los altos precios del crudo, dijo el jueves la compañía.

    El reclamo de Repsol-YPF ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se suma a los de otras cuatropetroleras extranjeras por una ley que aumenta al 99 por ciento la participación del Estado en las ganancias extraordinarias por el precio del crudo.

    Con la demanda, "aspiramos a llegar a acuerdos e inmediatamente se retirarían los cargos. Hay la voluntad de hacerlo y aspiramos a que esa voluntadtambién venga del Gobierno", dijo Federico Cruz, portavoz de Repsol-YPF en el país andino.

    La demanda fue presentada el 9 de junio y busca la integración de un tribunal arbitral para neutralizar los efectos de la norma, que inicialmente fueaprobada en 2006 con un reparto de al menos 50 por ciento de los ingresos entre las privadas y el Estado.

    Sin embargo, en 2007, el presidente Rafael Correa elevó la participación estatal al 99 por ciento, lo que generó descontento y críticas de las petrolerasque operan en el país andino.

    La demanda incluye a los socios minoritarios bloque que es operado por la firma española.

    Repsol-YPF tiene una participación del 35 por ciento del área de concesión y es la operadora del bloque 16, del que produce unos 60.000 barriles pordía (bpd).

    Las petroleras panameña City, la francesa Perenco y la estadounidense Burlington también han demandado al país ante el CIADI por la ley de repartode ingresos extras.

    Además, la estadounidense Occidental presentó una demanda ante el tribunal por la confiscación de sus activos en mayo del 2006 por el Estado.

    Ecuador ha desconocido la jurisdicción del CIADI para tramitar las demandas de las petroleras en su contra, argumentando que las controversiaspodrían resolverse en tribunales locales.