El papel de las auditoras en los escándalos financieros
El 'caso Gowex' guarda similitudes con otros altercados en el mundo empresarial que, en muchas ocasiones, se han saldado con la quiebra de la compañía o con millonarias multas para la firma auditora.
El escándalo de la empresa Gowex ha saltado a la palestra estas últimas semanas después de que un informe de Gotham City Research revelara que la operadora de wifi -concretamente, su presidente y consejero delegado, Jenaro García- falseara sus cuentas durante los últimos cuatro años.
La incertidumbre durante la semana pasada fue tal que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) suspendió la cotización de la compañía después de que las acciones se desplomaran un 60 por ciento. A la espera del informe que Gowex iba a presentar para defenderse, el presidente de la compañía confirmó la falsedad documental, asumió la culpa y presentó su dimisión. Poco después, la empresa solicitó un concurso de acreedores.
Sin embargo, lo que más llama la atención de este caso es que la empresa auditora de la compañía, M&A Auditores, validara las cuentas del que, hasta el momento, era el mejor del MAB.
Además, hay que destacar que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), organismo dependiente del Ministerio de Economía, ya había sancionado e inhabilitado en el año 2010 a Miguel Ángel Gutiérrez, actual socio de M&A Auditores. El motivo de esta sanción se debía que, según el Icac, Gutiérrez habría cometido infracciones "graves" y "muy graves" en otros trabajos.
Por otro lado, este escándalo también ha salpicado a otra empresa auditora: EY, su asesor registrado en el MAB. Mientras que desde esta compañía se defienden y justifican que a ellos no les correspondía revisar ni auditar las cuentas, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, explicó que la misión de EY era certificar las cuentas de Gowex. De momento, el escándalo está servido.
Sin embargo, no es la primera vez que la actuación (o la no actuación) de una firma auditora cambia el futuro de una compañía.
Enron y Andersen: el escándalo por excelencia
Enron era la mayor empresa energética de Estados Unidos, sin contar con las petroleras, con unos ingresos anuales de 101.000 millones de dólares (unos 74.230 millones de euros, aproximadamente). Nació como una compañía de gas, pero se diversificó en el negocio de las infraestructuras de agua. Más tarde, se convirtió en una plataforma de negociación de instrumentos financieros vinculados a una amplia gama de productos.
Sin embargo, la reputación de esta empresa comenzó a decaer en 2001 por los continuos rumores de pago de sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos en América Central, América del Sur, África, Filipinas e India.
De hecho, ese mismo año, las acciones de la empresa estadounidense comenzaron a caer rápidamente de 85 a 30 dólares (de 64 a 22 euros, aproximadamente). En 2002, se descubrió que la mayor parte de los beneficios eran falsos, que la empresa tenía una deuda mayor de lo que se pensaba y que, en general, todo Enron era un fraude.
Para maquillar estas prácticas, Enron trabajaba con su auditora, Arthur Andersen, que mostraba informes con grandes ganancias cuando, en realidad, las deudas superaban a gran escala a los beneficios. Posteriormente, la empresa auditora también fue acusada de ayudar a destruir documentos que mostraban el fraude de la energética.
La compañía suspendió pagos y los accionistas perdieron todo su dinero. Además, las maniobras contables provocaron la práctica desaparición de la firma auditora de sus libros de cuentas, Arthur Andersen.
Parmalat y Deloitte: el caso europeo
La compañía italiana de lácteos y alimentación Parmalat saltó al mundo financiero en 1997, obteniendo varias adquisiciones internacionales, pero con deudas. Sin embargo, en 2001 muchas de las nuevas divisiones corporativas empezaron a perder dinero.
Pese a todo, entre 1993 y 2002 sus ventas se incrementaron un 410 por ciento y sus beneficios alcanzaron una cifra récord. Para obtener estos resultados la empresa utilizó durante mucho tiempo la colocación de acciones y bonos convertibles en paraísos fiscales para financiar sus adquisiciones en todo el mundo.
En febrero de 2003, el director financiero, Fausto Tonna, comunicó una nueva edición de bonos de 500 millones. Este anuncio inesperado le costó el puesto a Tonna, que fue despedido por el gerente, Calisto Tanzi, y lo reemplazó por Alberto Ferraris.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la compañía italiana se desplomó en bolsa después de que su auditor, Deloitte & Touche, se negara a aprobar las cuentas del primer semestre. La auditora explicó que veía serias dudas sobre la transparencia y la corrección de las cuentas de su cliente.
Después de esto, la entidad financiera estadounidense Bank of America, negó la autencidad de un documento que garantizaba la existencia de 4.000 millones en una cuenta de su filial Bonlat
El escándalo estalló cuando, a mediados de ese mes, la empresa reconoció un "agujero" contable en Bonlat, con sede en las Islas Caimán, de 4.000 millones -según otras fuentes, la cantidad real oscilaba entre 7.000 y 9.000 millones-.
En este caso, la empresa no desapareció gracias a los esfuerzos de las autoridades italianas, pero las consecuencias para accionistas, empleados y proveedores fueron muy negativas. Tanzi fue condenado a diez años de prisión y la auditora tuvo que pagar una multa de 150.000 euros. Actualmente, Parmalat pertenece a la empresa francesa Lactalis, que lo compró en 2011, adquiriendo por 3.400 millones de euros el 71 por ciento de las acciones.
Astroc y Gassó MRL: el estallido de la burbuja
La historia de Astroc fue considerada durante mucho tiempo como la de la primera víctima del estallido de la burbuja inmobilaria. En 1996, Enrique Bañuelos fundó una promotora aprovechando las leyes urbanísticas valencianas de aquel entonces, que permitían que no fuese necesario documentar la propiedad de un suelo rústico para urbanizar.
Diez años después, el empresario compró la inmobiliaria del grupo Sabadell, Landscape, y el 60 por ciento de Rayet Inmobiliaria. Bañuelos decidió entonces sacar a Astroc a bolsa en 2006.
Sin embargo, lo que en un principio parecía la crónica de un éxito anunciado, poco tiempo después se volatilizó. El 18 de abril de 2007 las acciones de Astroc sufrieron una jornada demoledora en bolsa, al caer un 43 por ciento.
El motivo de esta caída fue la publicación del informe de su auditoría, Gassó MRI, en el que se daba a entender que parte del beneficio de la compañía se debía a la compraventa de tres edificios realizadas por el propio presidente de la compañía por valor de 150 millones (equivalentes al 65 por ciento de la facturación de la compañía en 2006). Ese año las pérdidas ascendieron a más de 255 millones de euros.
Poco tiempo después, la empresa cambió de auditor. Las "malas lenguas" afirmaron que el motivo de esto fue que la auditoría reveló el verdadero estado de las cuentas de la compañía, así como los "malos usos" de su presidente, Bañuelos.
Bankia y Deloitte: el derrumbe del coloso
En el año 2011, en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero español, se constituye la marca Bankia y se registra como Banco Financiero y de Ahorros (BFA). En marzo de ese año, la matriz de Bankia, BFA, pide 4.465 millones al Fondo de Reestucturación Ordenada Bancaria (Frob) e inicia el proceso de salida a Bolsa. Ya en el mes de julio, Bankia sale a bolsa después de haber visto rebajada por Moody's la nota de crédito a Baa2, muy cerca del bono basura, pese a que superó los llamados test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea.
Deloitte, la firma auditora, había dado su visto bueno a todas las cuentas presentadas tanto por la matriz como por Bankia. Sin embargo, la señal de alarma definitiva apareció cuando Deloitte se retrasó en la presentación del informe de auditoría y se negó a suscribir las cuentas anuales de 2011 de la entidad. Fue en ese momento cuando se produjo el desplome bursátil de Bankia y el Frob tomó el control de la entidad.
Después de presentar beneficios tanto en cuentas trimestrales, como semestrales, BFA-Bankia se presentaba, también con el aval del auditor, como una entidad con un déficit del capital de más de 19.000 millones.
Posteriormente, el Icac abrió un expediente en el que acusó a Deloitte de mantener un conflicto de intereses respecto a BFA-Bankia, ya que en su informe la calificaba como "una empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad". Todo lo ocurrido después fue un cruce de acusaciones entre los consejeros de la entidad -33 de ellos imputados en el caso- y la firma Deloitte, así como su socio en el banco, Francisco Celma.
Celma aseguró que había advertido de que existían dudas razonables sobre la viabilidad de la entidad, así como que deberían rebajar la valorización que tenía de su filial Bankia hasta un precio razonable, más bajo del que figuraba en sus libros -así, el grupo se habría quedado sin el capital mínimo. Sin embargo, esta versión contradijo la de la mayoría de los consejeros imputados que argumentaron que Deloitte nunca puso objeciones a las cuentas.
De momento, no se sabe cómo se resolverá el expediente del Icac. El pasado junio, fuentes cercanas a este organismo aseguraron que se sancionará previsiblemente a Deloitte, pero "en ningún caso está en juego la licencia de la auditora en España". El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, señaló hace poco que los auditores siempre fueron "muy profesionales". No obstante, el gupo contrató posteriormente a EY. Ahora la duda es la multa que impondrán a la firma auditora y si Celma quedará inhabilitado.
Pescanova y BDO: la gallega se queda congelada
En febrero de 2013 comenzó el principio de la crisis para la empresa pesquera española Pescanova. En el momento que anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no presentaría sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2012 antes del plazo marcado por ley, una nube negra se situó encima de la compañía y se convirtió en una gran tormenta para Manuel Fernández de Sousa, el que era presidente de la compañía por aquel entonces.
Ya en el mes de julio de ese mismo año, con la compañía en suspesión de pagos desde abril, KPMG presentó un demoledor informe que reveló un serie de prácticas contables irregulares destinadas a ocultar su deuda -que ascendía a 3.281 millones, más de tres veces superior a los 1.533 que la empresa reconoció en septiembre de 2012-, un "agujero" patrimonial de 927 millones, y a inflar sus ganancias.
Posteriormente, la Audiencia Nacional comenzó a investigar a BDO, la empresa que auditaba y aprobaba las cuentas de la pesquera desde el año 2002. En ninguno de los once ejercicios analizados puso salvedad alguna a las cuentas de la empresa gallega. Tras una querella impuesta por uno de los accionistas de Pescanova, el fondo de inversión Cartesian, el juez Pablo Ruz imputó a BDO por un presunto delito de falseamiento de información económica y financiera.
Por su parte, la firma reconoció a Ruz la existencia de una contabilidad paralela de Pescanova, aunque en todo momento defendió que nunca tuvo acceso a ella. "Existían dos Pescanovas; la oficial, que es lo que nos daban para auditar, y la oculta, que recogía una parte significativa de las transacciones, a lo que no teníamos acceso", relató Santiago Sañé, socio de la auditora, ante el magistrado.
La firma siempre defendió que su tarea no era la de destapar un posible fraude y argumentó que también se consideraba "engañada" por la antigua dirección de la compañía. Sin embargo, un año después, el Icac abrió un expediente sancionador a BDO y a Sañé por un posible incumplimiento de las técnicas de auditoría a la hora de auscultar las cuentas de la pesquera. La infracción, considerada grave, podría acarrear una multa para la firma y la suspensión del socio.
Las consecuencias para Pescanova han sido demoledoras. No sólo han tenido que realizar ajustes de personal para financiar su deuda y muchas filiales han tenido que presentar -concurso de acreedores, sino que al cierre del primer trimestre de 2013, la compañía gallega tuvo un patrimonio neto negativo de 2.256 millones. También, en los tres primeros meses de ese año, las ventas fueron de 206 millones, un 26 por ciento menos, y las pérdidas de 16,9 millones.