Imputado el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia por presunto delito contra Hacienda
- Los hechos denunciados por la fiscalía se produjeron en el año 2008
- El supuesto fraude cometido por Vicente Cotino sería de 170.000 euros
El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia mantiene abiertas unas diligencias por un presunto delito contra la Hacienda Pública en las que han declarado como imputados el expresidente de la Generalitat valenciana y de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, y el empresario Vicente Cotino, presidente de Sedesa, en un caso relacionado con un asesoramiento a esta compañía.
Según ha confirmado el TSJCV, tanto Olivas como su esposa declararon como imputados el pasado miércoles, mientras que Vicente Cotino lo hizo a principios del pasado mes de mayo.
Una factura falsa
El TSJCV ha concretado que la causa nace por una querella de la Fiscalía, tras una información recibida de la Agencia Tributaria por la presunta falsedad de una factura girada a Sedesa por una empresa del matrimonio Olivas por servicios de asesoramiento para la venta de unas acciones.
Según publica hoy el diario Las Provincias, los hechos denunciados se remontan a 2008.
La querella es consecuencia de la intermediación que Olivas prestó a través de su sociedad Imarol SL para que Vicente Cotino (sobrino del presidente de las Corts, Juan Cotino) se desprendiera del 25% de las acciones que Sedesa tenía en proyectos Eólicos Valencianos. En ese momento, Olivas era consejero de Iberdrola, cargo para el que fue elegido en representación de Bancaja, que ostentaba una participación del 6% en la eléctrica. Además, Bancaja controlaba el 20% de Eólicos Valencianos, según relata el diario.
Vicente Cotino pagó a Imarol 500.000 euros por esta gestión y la empresa emitió una factura que el empresario usó para desgravarse la cantidad supuestamente defraudada, mientras que Olivas justificó el ingreso del dinero. El fraude supuestamente cometido por Cotino sería de 170.000 euros.
Sobre Olivas, junto con el resto de la cúpula de Banco de Valencia que conformaba el consejo de administración en 2010, ya recaen varias imputaciones por delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta relacionados operaciones, mayoritariamente de ámbito inmobiliario, así como con la presunta manipulación de las cuentas del banco.