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Pescanova y Bankia ponen en entredicho la reputación judicial de España en el extranjero



    En lo que se refiere a las demandas colectivas o "class actions" como se las conoce aquí en Estados Unidos, partes del sistema judicial de nuestro país todavía se encuentran "en el siglo XIX", asegura a este periódico Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo Sotelo.

    Dentro del marco de la cumbre anual de la Red Internacional de Abogados de Litigios Financieros (IFLN) celebrada en Nueva York, capitaneada por Cremades, el abogado español hizo mención a tres casos importantes de cuya resolución depende la marca judicial de España: la huelga de controladores que culminó con el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010, Bankia y el fraude financiero de Pescanova.

    "Es importante tener un sistema judicial homogéneo", aseguró mientras señaló que en los últimos años, el caso de Pescanova y Bankia se han convertido en casos de "estudio internacional". Desde su punto de vista estos casos han puesto de manifiesto la "necesidad de modernizar el procedimiento judicial" cuando un caso implica a cientos o miles de posibles damnificados. Cabe recordar que pese a que en la Unión Europea se trabaja en el desarrollo de una normativa judicial que permita el desarrollo de una "compensación colectiva", en nuestro país las demandas colectivas como tal no existen.

    Es por ello que el farragoso proceso de resolución e indemnización que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las preferentes de Bankia podrían poner en entredicho la reputación del país, ya que a ojos internacionales se toma nota de "cómo reacciona el sistema", indicó Cremades. "No sólo hay que tener en cuenta la respuesta de los jueces, sino también de la legislación en sí", apuntó.

    Pescanova y sus responsables

    Sobre el caso del fraude fiscal de Pescanova, el presidente de Cremades & Calvo Sotelo, reconoció que se ha hecho bien en "no liquidar la compañía". Aún así, "es reprochable", a ojos del abogado, que "no haya habido diálogo con los accionistas".

    El bufete español, que representa a Cartesian Capital, el mayor accionista minoritario en la compañía pero sin pertenecer a su consejo de adminisitración, señaló que aunque el expresidente de Pescanova, Manuel Fernandez de Sousa, era el principal gestor y, por lo tanto responsable del fraude, también el consejo de administración de la compañía, el auditor, el supervisor (véase la Comisión de Mercados y Valores) y en última instancia el Ministerio de Economía, son responsables de lo ocurrido.

    En este sentido, calificó el caso de "extraordinario" comparable al de Bernard Madoff en EEUU. De hecho, como ocurrió en su momento con la Comisión de Mercados y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), la CNMV también debería dar una explicación y pedir disculpas.

    El caso de los controladores aéreos

    Otro de los casos que implican cientos de miles de afectados es el de la huelga de controladores aéreos sufrida en nuestro país en diciembre de 2010. Actualmente existen demandas de más de 15.000 personas pero el número total de afectados en todo el mundo podría ser de cientos de miles de personas.

    Cremades & Calvo Sotelo representan a gran parte de los afectados individuales y su presidente recordó que "todavía se puede adherir más gente a la demanda" ya que el caso criminal se encuentra en su fase de calificación y hasta el decreto del juicio oral (2 meses aproximadamente) nuevos damnificados por aquel entonces pueden sumarse a la causa.

    "Exigir la globalización de las acciones colectivas"

    Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo, explicó previamente en una intervención que una de las principales conclusiones de la cumbre fue "exigir la globalización de las acciones colectivas (class action) para proteger a los inversores de los fraudes financieros internacionales".

    Las class actions son un instrumento contrastado en los países anglosajones y abogamos por que la legislación europea reconozca y regula la figura en el ámbito continental. "La globalización financiera debe acompañarse de una globalización de los mecanismos jurídicos de protección del inversor".

    Si la legislación europea admitiera esas acciones, los responsables de fraudes financieros a escala internacional tendrían que responder de sus actos por cualquiera de los afectados por un gran fraude y resarcir a todos los que demuestren ser afectados.

    A la reunión asistieron bufetes de abogados, asociaciones de accionistas minoritarios y asociaciones de inversores de más de 20 países. El programa de la cumbre se centró en discutir el panorama actual de los litigios financiera internacional y promover la misión de la IFLN, cuyo objetivo es mejorar los recursos transfronterizos de los inversores defraudados. Uno de los casos que ha centrado la atención ha sido el de la oferta de preferentes y la salida a bolsa de Bankia, aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. La conclusión, según Javier Cremades fue que: "esta comercialización de acciones preferentes no debe repetirse. Los inversores tienen que recuperar la confianza en los mercados".