El fondo social alquila menos del 7% de sus pisos a familias desahuciadas
- Gobierno y banca ampliarán los criterios para llegar a más beneficiarios
Se creó como una de las medidas estrella del Gobierno para dar respuesta a familias desahuciadas y su efectividad deja mucho que desear. Poco más de 400 familias viven en pisos del fondo social de viviendas constituido el 17 de enero de 2013 con 5.891 casas cedidas por 33 entidades financieras y que, en su día, parecieron escasas a ojos del Ejecutivo a la luz del alto número de desalojos que ha dejado la crisis.
"Los datos de ocupación son al cierre de 2013", indicaron fuentes al tanto de la actividad del fondo. El número de solicitudes fue muy superior y las entidades adjudicaron, incluso, un mayor número de pisos, si bien no se ocuparon por la renuncia de las familias benefactoras. Una razón del fracaso es el restrictivo colectivo de potenciales beneficiarios al que se dirige. Solo podían acceder al fondo hogares desalojados después del 1 de enero de 2008.
En la práctica supone ofrecer vivienda a personas que, perdido su piso años atrás, habían rehecho su estructura social. Las familias no quieren pisos alejados de los barrios donde hacen su vida cotidiana, tienen los colegios de los niños o el familiar que se hace cargo de su cuidado mientras los padres trabajan, máxime cuando aceptarlo supone a veces un traslado en mitad del curso escolar, excusa en una entidad.
Los problemas
El parque de viviendas habilitado se encuentra disperso por toda la geografía nacional y es frecuente su ubicación en localidades alejadas del centro, dadas las características de los pisos (son para alquilar a precios de 400 a 150 euros).
Los problemas afloraron desde el inicio a pesar del complejo entramado creado en garantía de su éxito. Se involucró a los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y a la Plataforma del Tercer Sector (Cáritas, Cruz Roja, Once, etc) en la confianza de que su proximidad a las familias en apuros ayudaría a darles salida con los pisos sociales.
Pero la entrega exhigua desde su arranque porque se exige al benefactor un conjunto de condiciones difíciles de reunir. A la luz de la escasa ocupación, la banca se ofreció casi desde el inicio a ampliar el colectivo, toda vez que los pisos se encuentran cedidos.
El Gobierno va a hacerlo realidad amparándose en la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que abre la opción a ampliar el ámbito de cobertura del fondo una vez transcurridos seis meses desde su entrada en vigor, el pasado noviembre.
Los nuevos criterios, que deben ser apoyados por unanimidad por la Comisión de Seguimiento, permitirá acceder al fondo a familias con hijos menores de 18 años, cuando se requería que no fuesen mayores de tres años. Si hasta ahora se exigía que el titular de la familia hubiese agotado las prestaciones por desempleo, ahora bastará con que esté en paro. Se incorporan los mayores de 65 años y casi cualquier beneficiario que la entidad apruebe de forma autónoma.
Se amplía a familias en proceso de desahucio, sin necesidad de que hubiesen sido desalojadas como hasta ahora. Entre las novedades, las entidadas podrán aceptar además alquileres inferiores al mínimo de 150 euros e, incluso, dejarlos de forma gratuita; y alojar a desahuciados de otras entidades.