Meliá, AC e Iberojet piden 413 millones y 36 años de cárcel para Díaz Ferrán y su hijo
El caso Marsans está a un paso de llegar a los tribunales. El magistrado Eloy Velasco, que instruyó la causa contra Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo por alzamiento de bienes e insolencia punible, ha recibido el primer escrito de acusación por parte de Meliá, AC e Iberojet, las firmas turísticas que llevaron ante la Audiencia Nacional al fundador del grupo Marsans y a su compinche en la trama por esconder su patrimonio de los acreedores.
Las tres empresas, a las que el expresidente de la CEOE debe 40 millones, han solicitado una fianza de 413 millones de euros y hasta 163 años de cárcel para los once acusados en la trama, entre los que destacan Gerardo Díaz Ferrán, su hijo, Gerardo Díaz Santamaría, Ángel de Cabo e Iván Losada, por delitos de "apropiación indebida, insolvencia punible y estafa procesal", entre otros.
La fianza civil de 413 millones de euros coincide con el déficit patrimonial que arrastraba Díaz Ferrán, según el informe concursal de Marsans. En este punto, la acusación pide que, además del empresario y su hijo, los otros nueve acusados respondan solidariamente a esta fianza como "cooperadores necesarios" para lograr la insolvencia de Díaz Ferrán y que así no tuviera que hacer frente a las deudas de Marsans, que avaló personalmente
Y es que, la red de De Cabo fingió comprar todos los activos de Marsans y del empresario para luego esconderlos en el extranjero como trató de hacer con el yate o de venderlos y llevar los fondos a paraísos fiscales, como hizo con varias fincas (la acusación ha pedido anular las ventas).
En el caso de que el juez desestime la fianza de 413 millones, las firmas han solicitado una de 129 millones, que corresponde al patrimonio neto de Díaz Ferrán y del fallecido Gonzalo Pascual en 2009, "antes de comenzar los actos delictivos", reza el escrito.
En cuanto a la responsabilidad penal, los tres grupos reclaman 36 años de prisión para el fundador de Marsans y su hijo (21 y 15 años respectivamente) por fingir su insolvencia y, en el caso de Díaz Santamaría, también por blanqueo de capitales y asociación criminal. En este sentido, De Cabo se enfrenta a una pena de prisión de 23 años que también, incluye un delito de asociación criminal y blanqueo, en línea con Iván Losada al que han pedido 20 años.
Los otros siete acusados, entre los que está Susana Mora, secretaria de De Cabo, se enfrenta a 12 años de prisión cada uno. Los hijos de Gonzalo Pascual han sido citados como testigos en la causa porque Velasco les retiró la imputación en el auto de cierre de la causa. La acusación recurrió la desimputación y todavía esperan que la sala de lo penal se pronuncie.
Contra Airbus y Sabadell
En el escrito de acusación, Meliá, AC e Iberojet también solicitan que Sabadell devuelva 5 millones por haber ayudado a Díaz Ferrán a vender sus apartamentos en Nueva York para cobrar un crédito cuando Marsans estaba en concurso.
A su vez, también piden que Airbus devuelva 91 millones de un adelanto que cobró de Astra por unos aviones. En este caso, los abogados de las firmas explican que el fabricante pactó con De Cabo y Losada la devolución de 34 millones de los 125 millones que se entregaron a cuenta por la flota de aviones.
Así, consideran ilícito el ahorro conseguido por Airbus ya que se ha "beneficiado de una actuación delictiva", asegura la acusación.