Sectores con plantas de cogeneración piden cambiar la reforma eléctrica
Dos asociaciones del sector de materiales de construcción (Ascer e Hispalyt), la patronal papelera Aspapel, la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, y las agrarias Asaja y Cooperativas Agroalimentarias, advirtieron de que si el Ministerio de Industria sigue adelante con la propuesta actual, muchas de las plantas afectadas entrarían en pérdidas operativas porque los costes y impuestos superarían las primas recibidas.
El pasado verano, el departamento dirigido por el ministro José Manuel Soria aprobó el grueso de la reforma energética concebida para acabar con el déficit de la tarifa eléctrica y basado en el concepto de rentabilidad razonable para las energías de régimen especial, pero las retribuciones exactas para cada instalación, aún pendientes de aprobación, no se conocieron hasta el mes pasado.
Los representantes de estas seis asociaciones alertaron en rueda de prensa el jueves que el eventual cierre de las instalaciones tendría un impacto negativo superior al 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español y destruiría 70.000 empleos directos, además de menguar en un 10 por ciento el consumo nacional de gas.
"Es inasumible lo que está sucediendo (...) supondrá cierres y deslocalizaciones, además de la pérdida de la capacidad exportadora que tiene el sector", lamentó Eduardo Querol, presidente de Aspapel, patronal que representa a un sector intensivo en consumo energético para el que la propuesta de Industria tendrá un impacto de 220 millones de euros.
"Cualquier cogeneración independiente cierra y va a la quiebra y no pasa nada, pero sí pasa en la industria y esto es lo importante", añadió, en alusión a la pérdida de competitividad derivada de unos costes energéticos más elevados.
Según calcula la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), la propuesta de orden ministerial supervisada por el secretario de Energía, Alberto Nadal, tendrá un impacto de 660 millones de euros, que llevaría el impacto global de la reforma energética a un total de 1.032 millones de euros.
De los 6.000 MW de capacidad instalada en cogeneración -una tecnología que permite generar energía durante los procesos de producción que luego es volcada a la red- actualmente hay parados cerca de la tercera parte por las medidas introducidas por el Gobierno.