Las grandes telecos tumban una ordenanza local que cobra por el aire

Telefónica, Orange y Yoigo han ganado sus respectivos litigios que mantenían con el Ayuntamiento de Toledo por el uso de la atmósfera de la ciudad (así como el suelo y subsuelo). De esa forma, los operadores no tendrán que tributar de forma especial por el hecho de que sus antenas de telefonía utilicen el aire del municipio para realizar sus emisiones móviles. En concreto, se trata de la tasa por aprovechamiento de dominio público local por parte de las compañías operadoras de móvil.

El nuevo éxito en los tribunales de estos tres operadores (a los que anteriormente ya se sumó Vodafone) permite despejar las incertidumbres legales que en los últimos años se ha convertido en un tormento para las compañías de telecomunicaciones.

En el litigio en Toledo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado los recursos interpuestos por Telefónica, Orange y Yoigo contra la regulación de dos artículos de la ordenanza fiscal del municipio manchego.

Sentencias europeas

Por los mismos conceptos, el Tribunal de Luxemburgo ya dictó sentencia en julio de 2012 en favor de Vodafone España por sus litigios en Santa Amalia (Badajoz) y Tudela (Navarra), y también en beneficio de Orange por su contencioso en Torremayor (Badajoz). En esa misma decisión, el tribunal europeo se oponía a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.

El sector de las telecomunicaciones ha venido denunciando de forma reiterada la dispersión regulatoria que sufre, ya que según estimaciones de la patronal Redtel (ahora disuelta y desviadas sus funciones en Ametic) "en España existen más de 1.600 ordenanzas fiscales aprobadas o en trámite".

En la actualidad, las compañías de telecomunicaciones deben hacer frente a la aportación de RTVE (0,9% de sus ingresos), la tasa general de operadores (por la que financian el organismo regulador); la tasa de telecomunicaciones; la tasa por uso del espectro; la tasa por numeración telefónica; el coste del Servicio Universal; la Financiación de la producción audiovisual y el Impuesto sobre Actividades Económicas, este último igual que cualquier otra sociedad mercantil.

Pero, además, en los municipios con más de 8.000 habitantes, el marco tributario castiga a los operadores de telecos con otros tributos y cargas, como la referida tasa por el dominio público local, la tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas; el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y otras tasas en concepto de licencias.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones, ahora en trámite parlamentario, pretende tumbar la concesión de licencias municipales para el despliegue de determinadas categorías de red, así como simplificar de forma extraordinaria la legislación para crear un marco común en todo el país.