Empresas y finanzas
Espaldarazo del Gobierno a la banca: reforzará su capital con 28.000 millones
- Basilea III no permite computar como recursos propios activos fiscales
- Pero podrían terminar computando gracias a un aval del Estado
Las autoridades españolas van a permitir que los bancos preserven como capital de máxima calidad 28.000 millones de euros, al dejarles transformar algo más de la mitad de los llamados activos fiscales diferidos (DTAs) en créditos fiscales avalados por el Estado.
En otras palabras, el Gobierno tiene prácticamente lista una norma fiscal que permitirá suavizar el impacto de Basilea III y los efectos que supone no poder computar como recursos propios estos activos fiscales diferidos. Supone algo así como una artimaña fiscal, una ventaja que otorgará el Ejecutivo para que esos activos sí computen como capital, eso sí gracias a un aval del Estado tras su transformación en crédito.
La medida, que los analistas consideran clave para determinar si la banca española aprobará o suspenderá las pruebas de estrés europeas del año próximo, ya ha recibido el visto bueno del Banco Central Europeo y se hará oficial en noviembre, según señalan fuentes oficiales y bancarias.
"Esto supondrá un gran espaldarazo", señala a Reuters una de las fuentes bajo condición de anonimato, agregando que es improbable que la cifra cambie mucho y que la fórmula final podría ser acordada formalmente en un Consejo de Ministros de principios de noviembre.
Bajo las normas internacionales de Basilea III, los DTAs empezarán a restar gradualmente de la base de capital desde enero de 2014, lo que penaliza la solvencia de los bancos españoles, rescatados algunos de ellos con fondos europeos.
Las entidades españolas tienen unos 50.000 millones de euros en activos fiscales diferidos. Varias fuentes bancarias y del Gobierno ya reconocieron en julio a Reuters que la banca estaba luchando por preservar hasta 30.000 millones de euros en capital. Una cifra que está en juego y que, de no dar ningún paso en este sentido, el sector debería descontar del cómputo de solvencia de máxima categoría en los próximos diez años ante la nueva regulación de Basilea III, un conjunto de normas bancarias para fortalecer el sector financiero.
Banco Santander dijo a comienzos de este año que el impacto de deducir totalmente los DTAs de su core capital sería del 2,4%, mientras que BBVA, señaló la semana pasada que podría ahorrarse 75 puntos básicos si se le permitía computar una parte de sus activos fiscales diferidos. El impacto de la contabilización de los DTAs también podría ser significativo en entidades como Caixabank, Sabadell, Popular o la nacionalizada Bankia, que se encuentran en un proceso de reforzar su solvencia.
Las negociaciones sobre el tratamiento que se dé a los activos fiscales de la banca española también son un asunto clave en la eventual subasta de las entidades nacionalizadas, como NovaCaixaGalicia y CatalunyaCaixa, pues el reconocimiento en menor o mayor medida de este tipo de activos como capital de primera categoría podría facilitar o entorpecer su subasta para las entidades compradoras.
"España se está preparando para echar una mano crucial a su sector financiero", señalaba hace un tiempo el Financial Times.
¿Qué son los activos fiscales?
Los activos fiscales en sí son derechos de cobro sobre Hacienda para poder deducirse de tributos futuros para compensar pérdidas sufridas, sobre todo, con el saneamiento del balance. Se generan cuando la entidad incurre en números rojos, efectúa provisiones o con los fondos para pensiones y prejubilaciones de la plantilla, entre otras circunstancias.
La emergencia surge porque Basilea III considera que el cobro futuro es incierto y podría no materializarse si el banco se liquida o es incapaz de generar los beneficios suficientes como para recuperar el importe reconocido.
El camino es emular la solución adoptada por Italia en 2011 o Brasil en este mismo 2013, consistente en monetizar los activos fiscales. Hacienda asume la existencia de los créditos fiscales y si el banco quiebra se hace responsable y los reconocerá a los acreedores como capital que es. Y el Estado asumirá el aval del activo fiscal.
Así, la fórmula en estudio permitirá convertir en créditos fiscales aquellos activos originados por pérdidas fiscales o impuestos a recuperar en el futuro cuando las entidades vuelvan a generar beneficios.
En el caso de las entidades españolas, una parte importante de los activos fiscales lo componen las provisiones genéricas, un colchón anticíclico propio de la banca nacional, que sí podrían convertirse en capital.
Sin embargo, el Gobierno no permitirá computar como capital aquellos activos fiscales originados por provisiones resultados de las aportaciones a planes de pensiones por parte de las entidades, que en el caso de Santander y de BBVA son elevadas.
Un portavoz del Ministerio de Hacienda, que tendrá la última palabra en este asunto, insistió en que todavía no se había alcanzado una decisión final sobre exactamente qué tipos de activos se garantizaría a efectos de capital y añadió que los responsables estaban trabajando sobre esta materia.