Empresas y finanzas
Industria se queda sola en su propuesta de retribución para las renovables
Desoyendo las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión de la Competencia, la Comisión Europea y ahora el Consejo de Estado y haciendo caso omiso de las protestas del sector, el Gobierno aprobaba el 20 de septiembre el proyecto de Ley del Sector Eléctrico.
Una de las normas que más ampollas ha levantado, y que afecta a las renovables, cogeneración y residuos, es el RD-L 9/2013 en el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Entre otras medidas, el decreto sustituye las primas por un sistema de retribución específico, aplicable con carácter retroactivo, que se basará en unos estándares de los costes de inversión y operación de una instalación tipo que habrá que calcular tomando como referencia una empresa eficiente y bien gestionada, y que tendrán en cuenta, entre otros criterios, la inversión por unidad de potencia, la vida útil regulatoria o el número de horas de funcionamiento.
Para la elaboración de estos parámetros, Industria ha contratado a Roland Berger y Boston Consulting, cuyo informe, según el titular de Industria, José Manuel Soria, estará listo en la primera quincena de noviembre. El estudio, que se realizará con datos públicos, incluirá, por un lado, un análisis histórico de las variables de costes y, por otro, hipótesis sobre los costes a futuro. Tanto uno como otro se harán por costes (inversión, operación, mantenimiento o costes de combustible), por tecnologías y por año de puesta en operación (hasta 2013 para el histórico y desde 2014 hasta 2020 para el futuro). En el caso de los territorios extrapeninsulares la situación varía, ya que se establece un mecanismo de retribución diferenciado y más favorable para las renovables, cosa que ha contado con alguna crítica dentro del sector. La propuesta de orden ministerial a la que tuvo acceso elEconomista fija la nueva retribución para las eólicas y fotovoltaicas, cuya asignación se realizará mediante un mecanismo de subastas. En el caso de la eólica en Canarias, se establece un procedimiento alternativo de otorgamiento del régimen retributivo específico al objeto de acelerar la puesta en funcionamiento de estas instalaciones y posibilitar la reducción de los costes de generación en el plazo más breve posible. Todos los actores implicados están que trinan. En el caso de la fotovoltaica, y según apunta Jorge Barredo, presidente de Unef, "en tres años se han desarrollado cinco normativas retroactivas contra nuestro sector, que han reducido su rentabilidad en más de un 30 por ciento, situando a los proyectos a las puertas del default y obligando a los inversores a renegociar sus créditos en condiciones de indefesión respecto de las entidades financieras".
Rentabilidad razonable
Y aunque aún no se pueda hacer una valoración del impacto total sobre el sector hasta que no se conozcan los costes estándares sobre los que se aplicará la rentabilidad razonable del 7,5 por ciento que recoge la reforma, Barredo señala que "de la redacción del texto parece desprenderse que ésta se basará en costes mínimos, lo que reducirá de manera sustancial la rentabilidad de la mayoría de las instalaciones".
La termosolar también forma parte del paquete de medidas; de hecho, "en estos momentos, y desde mediados de julio, los inversores de un conjunto de activos por valor de 70.000 millones no saben a qué precio les compensarán por la electricidad que están generando y no saben, por tanto, cuál sería la forma óptima de operar las plantas, lo cual resulta inaudito en un país de la UE", afirma Luis Crespo, secretario general de Protermosolar.
Por su parte, el director de Appa, Jaume Margarit, apunta que "el futuro del sector no va a depender sólo del nuevo sistema retributivo, hay otros puntos que ha incluido este paquete de reformas aprobado por el Gobierno que van a incidir de manera directa, y no precisamente positiva, sobre las instalaciones y sus inversores, como el blindaje de las grandes eléctricas contra el autoconsumo o los costes que las renovables tendrán que soportar a cargo del servicio de disponibilidad de potencia gestionable e interrumpibilidad". Para Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de la Asociación Eólica "se trata de una reforma retroactiva, discriminatoria y arbitraria, que introduce nuevos elementos de incertidumbre e inseguridad jurídica y que es muy injusta con el sector eólico, ya que cambia las reglas del juego en un sector que ya ha sufrido y volverá a sufrir una cascada de problemas financieros, nuevos cierres de fábricas y destrucción de empleo".
Para la cogeneración, "las nuevas medidas, que se suman a los recortes ya realizados, han originado una caída en picado de la producción en agosto de un 14% y una aceleración en el ya desolador panorama de cierres en curso en el sector, donde el 20 por ciento de las cogeneraciones han parado".