Nacionalizaciones y privatizaciones en Bolivia
En 1937 el gobierno militar de David Toro decretó la primera nacionalización en Suramérica al retirar los bienes y concesiones a la petrolera estadounidense Standard Oil, acusada de fraude fiscal y de abastecer al enemigo en la guerra del Chaco (1932-35) entre Paraguay y Bolivia. Así nació Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que inició la explotación a cargo del Estado.
Tras la Revolución de 1952, el gobierno de Víctor Paz Estensoro nacionalizó las minas de estaño, que fueron integradas en la estatal Confederación Minera de Bolivia (Comibol).
En 1969, el gobierno militar de Alfredo Ovando nacionalizó las instalaciones de la petrolera estadounidense Gulf Oil Company en Santa Cruz de la Sierra, que controlaba el 90% de las reservas frente al 10% de YPFB.
Otro gobierno militar, el de Juan José Torres (1970-1971), nacionalizó la Mina Matilde, en manos estadounidenses desde 1964.
En 1985, con una inflación del 25.000%, el gobierno firmó un decreto que instauraba el modelo de libre mercado e inició un plan de privatizaciones, con lo cual la estructura de un Estado gestor del 70% de la actividad productiva se redujo para convertirlo en un mero regulador económico.
El presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) eliminó las reservas del Estado en la ley de Hidrocarburos y el Código de Minería (1990), incluso en la "franja de seguridad" de 50 kilómetros fronteriza con Perú, Brasil, Chile, Argentina y Paraguay, abriéndola a la explotación por empresas extranjeras. También se permitieron "joint ventures" (sociedades de riesgo compartido) en minería.
En el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) las estatales quedaron reducidas a la mínima expresión. YPFB fue desmembrada en empresas privadas, que pagaban al Estado sólo 18% en regalías. El descontento popular provocó los disturbios que causaron 70 muertos en el segundo mandato de ese gobernante (2002-2003), que le obligaron a dimitir en octubre de 2003.
En 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa fue derogada, previo referéndum, la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada. El Congreso aprobó una nueva ley gravando la producción con 32% de impuestos, pero Mesa se negó a ratificarla y tuvo que renunciar.
El 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos -medida que algunos críticos califican de una reforma tributaria- y empezaron las negociaciones con las empresas extranjeras.
YPFB fue refundada y se firmaron nuevos contratos estableciendo el 82% de regalías en favor del Estado, las mayores logradas hasta entonces. Un año después entraron en vigor 44 contratos firmados por doce petroleras.
En octubre de 2006, Morales volvió a nacionalizar la mina de estaño de Huanuni, que ya lo había sido en 1952, y que fue privatizada en 1999 mediante concesión a la británica Allied Deals. Ésta perdió sus derechos en 2002 por incumplimiento de contrato y la mina volvió a manos de Comibol.
Tras un sangriento enfrentamiento entre mineros cooperativistas y asalariados, el gobierno recuperó para Comibol la totalidad del yacimiento, retirando la concesión a los cooperativistas.
En diciembre siguiente, la empresa fue reinaugurada simbólicamente con la incorporación de 5.000 trabajadores asalariados, incluidos 4.000 ex cooperativistas.
En enero de 2007, Morales anunció la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), filial de la italiana Telecom, propietaria del 50% frente al 47% del Estado.
Las negociaciones se estancaron tras presentar la empresa una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones.
En febrero de 2007, Morales nacionalizó la empresa de fundición Vinto, controlada desde 2005 por la multinacional suiza Glencore, que la adquirió por un precio muy bajo y hubo irregularidades en la venta, según el gobierno.
El 11 de abril de 2008, decretó la transformación de la estatal YPFB en una corporación para dirigir la nacionalización petrolera y creó la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH). YPFB operará en toda la cadena productiva y constituirá otras empresas en las que tendrá como mínimo el 60% del capital. EFECOM
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