Armadores europeos piden más control países fuera UE que amparan pesca ilegal

Europesca y Cogeca, que representan a los armadores y a las cooperativas pesqueras de la UE han reclamado un mayor control, en su posición sobre la propuesta comunitaria para combatir la captura y la venta de productos pesqueros obtenidos ilegalmente.

"¿Cómo motivar a los pescadores en aguas internacionales para que cumplan la normativa comunitaria, cuando al mismo tiempo, faenan al lado de pescadores extra comunitarios, poco escrupulosos, que no cumplen ley alguna y no son controlados a pesar de que pesquen lo mismo en los mismos caladeros?", según Europesca y Cogeca.

Los armadores y las cooperativas europeas han solicitado que se desarrolle un sistema eficaz de intervención en este ámbito.

Las propuestas que ha presentado la Comisión Europea (CE) incluyen, como punto central, la exigencia a todos los estados suministradores de productos pesqueros y a aquellos que tengan matriculados barcos que descargan en la UE un certificado que acredite que su pescado o marisco ha sido obtenido legalmente.

La sección de Agricultura y Pesca del CESE -institución consultiva que representa a la sociedad civil de la UE- también se ha pronunciado sobre las diferencias entre pescadores comunitarios y de otros países con menos control, en un dictamen sobre el proyecto de Bruselas contra la pesca ilegal.

El informe del CESE ha sido redactado por el español Gabriel Sarró (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores españoles), según ha informado hoy la Confederación española de Pesca (Cepesca).

El CESE ha subrayado que sin excluir a la flota comunitaria de las nuevas normas de control contra la pesca ilegal, sería conveniente una distinción "más clara" respecto a la actividad de buques de terceros países sobre los que sus Estados de abanderamiento no ejercen un control.

Según el CESE, deben reforzarse las garantías al elaborar listas negras de los buques que practican la pesca ilegal y los Estados no cooperantes, para que los procedimientos de declaración como tales se basen en "pruebas sólidas" y eviten que los tribunales levanten luego las medidas impuestas por los países de la UE. EFECOM

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