Empresas y finanzas

El TSJM levanta la suspensión de la externalización de 6 hospitales de Madrid

    El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. <i>Foto: Efe</i>


    El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la suspensión provisional del concurso de externalización de seis hospitales, al no admitir el recurso presentado por el PSM para interrumpir el proceso. Con esta decisión, el concurso, que estaba suspendido provisionalmente desde el pasado 10 de julio, sigue adelante, según ha anunciado hoy la Consejería de Sanidad.

    El tribunal había decidido suspender cautelarmente el proceso tras un recurso del PSM presentado ante la corrección, por parte de la Comunidad, de un error en los pliegos para introducir la palabra "anual" en el apartado de las garantías que debían presentar las empresas.

    Ante ello, y según lo dispuesto en esa resolución, el Gobierno regional presentó alegaciones para solicitar la retirada de la medida cautelar. En este sentido, el Ejecutivo autonómico expresaba que la corrección favoreció la concurrencia de empresas y que el PSM no tenía legitimidad para reclamar esa medida al no ser perjudicado directo ni parte interesada en el proceso.

    En su ultima comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, el consejero Javier Fernández-Lasquetty relató sobre la cuestión de la garantía que la Comunidad optó por seguir los antecedentes administrativos que se habían dado en las concesiones sanitarias anteriores (en los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Rey Juan Carlos) en los que se optó por una exención parcial de las garantías, al plantear un importe de 6 millones de euros, "muy inferior" al 5% del importe total del contrato.

    Al respecto, señaló que ese criterio "no fue cuestionado ni recurrido en ninguna de las licitaciones anteriores" y, por ello, se optó en los pliegos de la ampliación de la gestión indirecta de seis hospitales se tomó la decisión de eximir parcialmente de la garantía definitiva y exigir el 5% del valor anual. Ello suponía una cantidad aproximada de 28 millones, que consideraba "suficiente" para preservar la prestación adecuada del servicio público en caso de que pudiera haber alguna incidencia.