El FMI pide capital a la banca a cambio de suavizar el impacto de Basilea III
El sector negocia con Hacienda para preservar los 50.000 millones de capital en créditos fiscales. El organismo condiciona el cheque fiscal a subir provisiones o no pagar dividendos en efectivo.
Hay unos 50.000 millones de euros en juego. Sin cambios normativos, la banca española vería volatilizarse una hucha así acumulada en capital en concepto de activos fiscales diferidos por culpa de las reglas de Basilea III. Hay consenso sobre la necesidad de evitarlo y la banca cierra flecos con Hacienda para remediarlo con el apoyo de la misma troika. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) está obsesionado con la solvencia y pide condiciones a cambio.
El organismo dirigido por Christine Lagarde sugiere, entre otras medidas, que a la entidad a la que se le permita mantener como capital dichos activos abandone el dividendo en efectivo durante "un periodo de años", refuerce la solvencia, las provisiones, se desembarace de activos dañados o adopte un plan de reestructuración. Y todo ejecutado con el necesario equilibrio para no estrangular aún más el crédito. "El importe en que tales conversiones -la modificación fiscal- a que un banco tiene derecho debería quedar condicionado a la medida en que dichos bancos adoptan acciones que tienen externalidades positivas para el entorno", justifica el organismo en el informe sobre la última revisión de la industria financiera española.
Garantías de solvencia
Los activos fiscales en sí son derechos de cobro sobre Hacienda para poder deducirse de tributos futuros para compensar pérdidas sufridas, sobre todo, con el saneamiento del balance. Se generan cuando la entidad incurre en números rojos, efectúa provisiones o con los fondos para pensiones y prejubilaciones de la plantilla, entre otras circunstancias. La emergencia surge porque Basilea III considera que el cobro futuro es incierto y podría no materializarse si el banco se liquida o es incapaz de generar los beneficios suficientes como para recuperar el importe reconocido.
Por eso obligará a la banca a descontarse del capital el colchón acumulado en activos fiscales diferidos a un ritmo del 10 por ciento anual, -la cuenta quedaría a cero al décimo año, a contar desde 2014-.
Se trata de un problema internacional como es la implantación de Basilea III, pero que golpea duramente en la banca española. Su hucha en activos fiscales multiplican por tres o cinco veces a entidades rivales, tras atender el ingente saneamiento del ladrillo, con las fusiones y con las absorciones de entidades en dificultades. Se da la circunstancia de que es además el único sector financiero que construía provisiones anticíclicas por exigencia del Banco de España.
Muchos países ya se han protegido de la embestida de Basilea III. En Francia, Alemania, Holanda o Inglaterra permiten a sus entidades el denominado 'carry-back', que es como efectuar una declaración paralela y cobrarse los derechos fiscales con cargo a ejercicios pasados.Algo impensable en España con las severas limitaciones en déficit.
El camino es emular la solución adoptada por Italia en 2011 o Brasil en este mismo 2013, consistente en monetizar los activos fiscales. Hacienda asume la existencia de los créditos fiscales y si el banco quiebra se hace responsable y los reconocerá a los acreedores como capital que es. El impacto es neutro sobre la recaudación, pero Hacienda se tantea la ropa ante la eventualidad de que una entidad tenga que ser disuelta, porque el Estado asumirá el aval del activo fiscal. Según la banca es una opción improbable porque las entidades débiles en España, hasta ahora, se han vendiddo y su comprador asume los créditos fiscales. Fuentes financieras apuntan al respecto que difícilmente se venderá Novagalicia y CataluyaBank si no se garantiza que dichos activos continuarán computando como capital.
El cambio afectará especialmente a Bankia, Sabadell, CaixaBank y Banco Popular y Santander cuyas huchas se han disparado con la compra de entidades en dificultades -CAM y Cívica- y provisiones.
La falta de solución, además de suponer una discriminación, colocaría al sector en una delicada situación. Estudios de bancos de inversión y consultores cifra en 300 puntos básicos la pérdida de capital que debería encajar frente mientras que la media de los grandes bancos europeos limitaría su impacto a alrededor de 60 puntos. A pesar de la crisis y el fuerte saneamiento de las carteras, la industria financiera española disfruta de una solvencia media adecuada. Pero el FMI alerta de que solo la incertidumbre sobre los activos fiscales muestra una debilidad frente a sus pares que preocupa a los mercados.
Negociación con Bruselas
La demanda del FMI podría quedarse en mera sugerencia, aunque en una entidad aseguran que es parte de la negociación entre el Ministerio de Economía y la troika. Fuentes de otra entidad admiten que el Gobierno, a través de Hacienda, quieren evitar hasta el más remoto riesgo de que la modificación deteriore el déficit futuro.
En lo que coinciden varias fuentes es que van en la misma línea de las medidas adoptadas por el Banco de España, tanto en provisiones, como la reciente limitación del dividendo en efectivo a un máximo del 25 por ciento del importe a distribuir entre accionistas. En un banco recelan, en cambio, de que dicha restricción al dividendo sea únicamente "el primer paso". El solo riesgo de un impacto en las cuentas públicas -vía déficit o deuda- obliga la consulta a Bruselas, donde el FMI podría o no hacer valer sus ideas.