El PP aplica la Transparencia a los bancos que reciban más de 100.000 euros al año de ayudas públicas

El PP ha fijado los umbrales mínimos de financiación pública que implicarán el sometimiento de una entidad privada a la Ley de Transparencia; en las enmiendas registradas este viernes en el Congreso, detalla que "tendrán obligaciones de transparencia activa aquellas entidades que perciban durante un año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros".

También alcanzará a las entidades que reciban ayudas o subvenciones públicas de, al menos, el 50% del total de sus ingresos anuales. En este caso, la obligación de transparencia comenzará a partir de los 3.000 euros.

En total, el PP ha presentado en el Congreso más de una treintena de enmiendas al proyecto que registró el Gobierno en septiembre de 2012. Con ellas incorpora los compromisos que, a lo largo de estos meses, ha ido asumiendo el Ejecutivo en aras de "ensanchar" la transparencia y conseguir el máximo acuerdo en torno a la ley.

En ese sentido, la primera enmienda certifica la inclusión de la Casa del Rey en el ámbito de aplicación de la ley, un compromiso asumido por el PP ante las demandas de la oposición. Eso sí, las solicitudes de información sobre Zarzuela serán tramitadas a través de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

De igual modo, el PP incorpora a la Ley de Transparencia, citándoles expresamente, a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales y empresariales, que además de las subvenciones también deberán publicar la información sobre contratos y convenios que tengan con la Administración.

La Iglesia

En cuanto a las entidades privadas afectadas por la Ley de Transparencia por percibir ayudas o subvenciones, el PP ha propuesto unos criterios objetivos, de carácter tasado, que alcanzan también a la Iglesia católica, aunque no se la menciona expresamente.

"Así, tendrán obligaciones de transparencia activa aquellas entidades que perciban durante un año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. Cuando una entidad reciba ayudas o subvenciones públicas de, al menos, el 50% del total de sus ingresos anuales, esta obligación comenzará a partir de los 3.000 euros".

En otras enmiendas se aumenta la publicidad activa en lo relativo al sistema de incompatibilidades, ya que serán públicas todas las resoluciones de autorización de actividades privadas "compatibles", y no sólo las de los miembros del Gobierno y altos cargos.

Lo mismo sucede con el patrimonio de las Administraciones Públicas, ya que serán públicas y accesibles todas las relaciones de bienes inmuebles.

Incluso, existe una enmienda destinada a que, cuando la Ley entre en vigor, se hagan públicas todas las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información por la concurrencia de algún límite. El solicitante ya no tendrá que motivar obligatoriamente su solicitud de información, aunque si lo hace se tendrá en cuenta.

En cuanto al formato de los documentos que van a publicarse, el PP deja la decisión final al reglamento que desarrolle la ley pero ya avanza que la información tendrá que ser "clara, estructurada y entendible", además de facilitarse su reutilización.

Cinco años de mandato

Tras las quejas de la oposición, el PP transforma la Agencia de Evaluación de la Transparencia recogida inicialmente en el proyecto para dar paso a un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que quedará configurado como un órgano independiente, nombrado con el respaldo del Parlamento y para el que se garantiza una total independencia en el desarrollo de sus funciones.

La misión del Consejo, que incluye una comisión con presencia del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Cortes y la Agencia de Protección de Datos, velará por el cumplimiento de la propia Ley, iniciando las actuaciones necesarias para evitar incumplimientos y los procedimientos sancionadores cuando corresponda.

El presidente seguirá siendo nombrado por el Gobierno mediante real decreto pero ahora habrá de contar con un respaldo parlamentario de al menos la mayoría absoluta de la Comisión de Nombramientos del Congreso. Su mandato será de cinco años, más allá de una legislatura.

Ya no sancionarán a los Consejeros

En la parte de Buen Gobierno, donde se incluyen las sanciones por mala gestión, las enmiendas del PP plantean un endurecimiento en el aspecto sancionador al ampliar la pérdida del derecho a toda pensión indemnizatoria, y no sólo la que el infractor recibía por razón de su cargo.

Como reclamaron los nacionalistas, las sanciones a responsables municipales y autonómicos no serán impuestas por el Ministerio de Hacienda, que sólo se ocupará de los miembros de la Administración General del Estado, sino por las autoridades correspondientes.

Por otro lado, se suprime la disposición adicional del proyecto de Ley de Transparencia que iba a poner límites a los sueldos de los alcaldes y concejales dejando esta tarea a la reforma local que está en fase de anteproyecto.