El Banco de España investiga si Blesa y Díaz Ferrán cobraron comisiones

El juez Elpidio José Silva ha pedido al Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales) que investigue si el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el antiguo dueño del grupo Marsans y exconsejero de la entidad, Gerardo Díaz Ferrán, cobraron comisiones ilegales "en el marco de la gestión gravemente irregular" llevada a cabo en la caja.

El Sepblac es un organismo adscrito al Banco de España, que está integrado tanto por inspectores del organismo que preside Luis María Linde como por otros de Haciendas y Aduanas, contando además con dos unidades policiales: la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, perteneciente a la Dirección General de la Policía, y la Unidad de Investigación de la Guardia Civil.

Según han confirmado fuentes jurídicas de toda solvencia, Silva, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, quiere indagar si han existido transferencias de fondos de forma indebida e incluso si el préstamo de 26,6 millones que Blesa otorgó de forma presuntamente irregular a Díaz Ferrán se pudo haber destinado a fines totalmente ajenos a los pactados. El juez quiere que la policía aporte un informe para aclarar si ambos viajaron y pasaron juntos controles fronterizos. Y es que, al margen del crédito, hay sospechas fundadas de que el sobreprecio pagado por City National Bank of Florida (CNBF) obedecía a un pago de comisiones orquestado desde México.

Transferencias ilegales

Manos Limpias, que actúa como acusación particular, apunta ya que pudo haber habido transferencias ilegales por esta operación -con desvíos incluso a través de paraísos fiscales- por un importe de hasta 100 millones de dólares.

Bajo la presidencia de Blesa, Caja Madrid anunció en 2008 la compra del 83 por ciento del City National Bank of Florida por 927 millones de dólares (unos 618 millones de euros en aquel momento) y posteriormente se hizo con el 100 por ciento de la firma aportando otros 190 millones de dólares más (unos 127 millones de euros). El juez destacó ya en el auto por el que dictó hace dos semanas prisión para Blesa que en esta operación existían fuertes indicios de "la ausencia de un análisis mínimamente solvente de viabilidad y de riesgo asumible, el estudio abiertamente insuficiente del nicho de mercado, el pago de un sobreprecio y la ausencia de sometimiento a los controles administrativos preceptivos".

Al margen del Sepblac, el juez ha pedido también nueva información a la Agencia Tributaria, al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado y a Bankia, el banco en el que se integró Caja Madrid junto a otras entidades.

Las fuentes jurídicas consultadas han revelado que el juez Silva considera que cuando se reaperturaron las diligencias, tras la remisión de la Audiencia Nacional, era imposible, desde todo punto de vista, contar con los minuciosos hallazgos o evidencias que engrosan al día de hoy la instrucción que lleva adelante de la presente causa.

Investigar otros créditos

El juez, manifiestan estas fuentes jurídicas, considera que las presuntas conductas delictivas que indaga no pueden ceñirse únicamente a una actuación, sino que es preciso investigar el contexto temporal y evaluar la ruptura de los protocolos de riesgo, para lo que es necesario indagar cuál es la forma en que los imputados se han venido conduciendo en la gestión del riesgo en otros préstamos realizados.

Por otra parte, elEconomista ha tenido acceso a un informe firmado por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, en la que explica al instructor delegado del expediente disciplinario, el magistrado Álvaro Domínguez Calvo, que ante una referencia de la fiscal Armesto que "parecía que el volumen de expedientes que se remitían a la fiscalía era notoriamente escaso", la Fiscalía le informa de que "dicho informe dio lugar a un seguimiento de trabajo, pero no se procedió en esta jefatura a abrir ningún expediente, y no conservamos copia del mismo".

Por otra parte, la defensa de Blesa, ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial en el que manifiesta que el juez se ha basado en "Wikipedia" para acusar a su cliente, lo cual no es cierto del todo, puesto que el juez en su auto lo que manifestaba es que las actuaciones irregulares de Miguel Blesa eran tan notorias que, incluso, constaban en un lugar tan accesible y tan poco científico como la Wikipedia, por lo que a continuación recogía la cita contenida en la publicación de Internet. Esta interpretación del auto del juez Silva ha sido empleada para desacreditar su instrucción y pedir que sea apartado del caso.