Industria quiere ampliar la vida de las centrales nucleares para salvar Garoña

A poco menos de dos meses para que el próximo 6 de julio expire la vida útil de Garoña, Nuclenor, la empresa propietaria de la central nuclear burgalesa, ha abierto la puerta para prorrogar su vida útil.

La compañía participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola ha solicitado al Ministerio de Industria la revocación parcial de la Orden Ministerial del pasado 29 de junio de 2012.

Dicha Orden anulaba la disposición del Gobierno de Zapatero por la que establecía el fin de la vida útil de Garoña el próximo 6 de julio y se establecía el 29 de septiembre de 2012 como fecha tope para solicitar la renovación del permiso de actividad de la central.

Nuclenor dejó pasar dicho plazo tras la aprobación de nuevos tributos para las centrales nucleares, en concreto por la generación de residuos, lo que suponía que la central tendría que pagar 150 millones de euros, algo que la haría inviable económicamente.

Después de la negativa de Industria a atender los requerimientos de Nuclenor para ampliar dicho plazo, efectuados el 14 de agosto y el 3 de septiembre, la compañía decidió apagar el reactor nuclear el pasado 28 de diciembre, aunque sin descartar la posibilidad de volver a operar la planta si cambiaba el marco normativo. Pese al duro enfrentamiento con el Ministerio, las eléctricas han decidido finalmente ceder y enviar al Ministerio una nueva solicitud para prorrogar ese plazo durante un año, que es el tiempo necesario para que la planta pueda acometer las reformas necesarias y vuelva a estar operativa con todas las garantías de seguridad. Durante ese tiempo la central se mantendría abierta pero sin tener operativo el reactor.

El Ministerio ha recogido el guante y no ha perdido tiempo en enviar la petición al Consejo de Seguridad Nuclear, organismo que ha de fijar los plazos, así como determinar los arreglos y recomendaciones que ha de cumplir la central.

Nueva consulta a Hacienda

Paralelamente, Nuclenor ha enviado una nueva consulta al Ministerio de Hacienda para que determine si el pago de los nuevos impuestos por el almacenamiento de residuos tiene carácter retroactivo o no.

Esta última posibilidad tiene pocas probabilidades de salir adelante, ya que si Hacienda devolviese ese impuesto a Nuclenor tendría que hacer lo mismo con el resto de las centrales nucleares y la factura para las arcas públicas se dispararían de forma exponencial.

De hecho, esa contingencia ya ha sido tenida en cuenta por la compañía. Las cuentas anuales del ejercicio 2012 de Nuclenor han arrojado un resultado negativo después de impuestos de 133 millones de euros, por lo que la Junta General de Accionistas de Nuclenor ha acordado restablecer el equilibrio patrimonial en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, reduciendo el capital social al mínimo legal de 60.000 euros.

Nuclenor tiene sin embargo otra alternativa para lograr la viabilidad de la planta nuclear, la más antigua de España, y mantenerla abierta.

Si inicialmente la previsión era ampliar el plazo de vida útil diez años, las eléctricas confían en que se introduzcan cambios en la Ley de Economía Sostenible y se permita el tope máximo de funcionamiento de las centrales hasta los 60 años. De esta manera, Garoña podría funcionar casi otros veinte años más, lo que no sólo haría viable económicamente su reapertura al disponer de tiempo suficiente para amortizar las fuertes inversiones que tendrá que acometer para encender de nuevo el reactor, sino que la convertiría en la más rentable de España.

Nuclenor, que ya había suscrito el contrato de compra del combustible nuclear para que el reactor siguiese operando, exigirá asimismo un informe de REE para que determine como afectaría al sistema que la central se enganchase de nuevo a la red.

Las reacciones al movimiento de Nuclenor no se han hecho esperar. Greenpeace considera que el CSN no puede autorizar esta prórroga sin vulnerar sus propios requisitos en materia de seguridad porque en el informe en el que ya denegó la prórroga alegaba que "una reducción adicional de este plazo, necesario para llevar a cabo la revisión, evaluación, e inspecciones que procedan, afectaría negativamente al rigor y profundidad de la revisión". Según los ecologistas, se vulneraría la Instrucción Técnica Complementaria asociada al cese de explotación y las pruebas de resistencias a implementar tras Fukusima, ya que el CSN consideró que "las acciones cuya implantación se requiere para el corto plazo deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2012, las de medio plazo entre 2013 y 2014. Y las de largo plazo en los dos años siguientes, por lo que todo el programa deberá estar finalizado el 31 de diciembre de 2016".