La CNMV plantea multar a Pescanova por engaños e infracciones muy graves

Pescanova es como un barco que hace aguas por todas partes y que, a duras penas, intenta evitar el naufragio. Además de engañar presuntamente durante años al mercado ocultando su deuda real -podría haber más de 1.000 millones de euros en sociedades opacas y sin consolidar-, de negarse a facilitar información al auditor y no de presentar sus cuentas a tiempo, según se supo ayer, mintió además a la CNMV al asegurar que el consejo había aprobado el jueves por unanimidad la reestucturación de la deuda cuando en realidad dos de sus consejeros - el representante de Damm, José Carceller, y el del fondo luxemburgués Luxempart, François Tesch- no dieron su visto bueno a la misma.

Fuentes de toda solvencia han confirmado a este periódico que, aunque la investigación todavía no ha terminado, la CNMV se está planteando ya ante todo ello sancionar a la empresa por infracciones muy graves, tipificadas en el artículo 99 la Ley del Mercado de Valores. Las posibles sanciones todavía no se puede cuantificar porque los expedientes todavían no se han terminado, pero parece seguro que serán las más duras posibles.

Eso, al margen de mantener la cotización suspendida sine die, por lo menos hasta que no se presenten las cuentas debidamente auditadas y se aclare la situación real de la deuda. Ayer mismo los responsables del supervisor se pusieron en contacto con la dirección de la empresa para exigirle de forma contundente que dejara de utilizarla como campo de batalla entre sus accionistas.

Cruce de comunicados

Todo empezó cuando el presidente del gigante de los congelados, Manuel Fernández de Sousa, envió el jueves por la noche un comunicado a la CNMV en el que aseguraba que el consejo de administración había aprobado por unanimidad el plan de reestructuración financiera de la compañía. Eso fue lo que provocó que Carceller y Tesch remitieran ayer otro en el que además de desmentirlo y asegurar que "no votaron ni ratificaron la línea de reestructuración de la política financiera del grupo", anunciaran otra reunión del consejo de administración la próxima semana para tratar de llegar a un acuerdo una vez que se conociera el informe del auditor.

Tras hacerse público y para acabar de complicar aún más la situación, Pescanova remitía entonces un nuevo hecho relevante en el que trataba de dar explicaciones diciendo que cuando hablaba de unanimidad se refería al consejo del 27 de febrero -en el que tampoco hubo acuerdo- y en el que negaba además que hubiera convocada ninguna otra reunión.

La gravedad del asunto es tal que, según han confirmado fuentes próximas al máximo órgano ejecutivo de la compañía, Fernández Sousa se negó el jueves a facilitar tanto la información que solicitaron los consejeros díscolos como la que le pidió el auditor. Los representantes de BDO insistieron, de hecho, en que no podían emitir un informe si la empresa seguía negándose a facilitar los datos que le habían pedido, sobre todo a la hora de cuantificar la deuda real, pero el presidente se negó en rotundo.

Deuda disparada

Algunas fuentes apuntan ya a que la deuda real del grupo podría alcanzar incluso los 3.000 millones de euros, lo que supone el doble de la que está reconocida y auditada. La CNMV tiene ya sospechas fundadas de que Pescanova creó una red opaca de empresas asociadas, que no consolidaban en el conjunto del grupo, y que estarían ocultando los pasivos financieros.

Los representantes de más de 40 entidades financieras acreedoras de Pescanova constituyeron ayer en este sentido un comité de dirección que será el encargado de estudiar la situación de la compañía, y tratar de encontrar una solución acerca de cómo afrontar la reestructuración de su deuda.

El citado comité de dirección, que estará formado por representantes de La Caixa, Banco Sabadell, Banco Popular, Bankia, NCG, Royal Bank of Scotland y Deutsche Bank, volverá a reunirse la semana que viene. En principio, todos ellos parecen de acuerdo en una misma idea y es que, al igual que defienden Damm y Luxempart, Fernández Sousa no puede seguir ni un día más al frente de la empresa. De hecho, su destitución podría ser una las condiciones sine qua non para firmar la refinanciación.

El mandato de Fernández Sousa expira el próximo 23 de abril, pero es muy difícil que Damm y Luxempart logren su cese en un consejo de administración. Lo más probable es que tengan que llegar a una junta de accionistas y tratar de sumar entonces todos los apoyos posibles.