Redtel: "Las telecos no deben subvencionar a reguladores de otros sectores"

La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel) inicia estos días una nueva etapa con Francisco Román en la presidencia de turno, y con Maite Arcos en la secretaría general, ahora con funciones ejecutivas.

Pese a la nueva estructura de la entidad formada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, la patronal de los grandes operadores defiende los mismos intereses comunes que sus socios suscribieron hace cinco socios: promover un marco regulatorio para la inversión y la competencia, facilitar el despliegue de redes con cobertura en todo el territorio nacional y reducir la presión fiscal que sufre el sector, entre otros retos. A los anteriores ahora se añade la reforzada intención del colectivo por realzar su presencia pública con el objetivo de recalcar la importancia estratégica del sector.

¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa que ahora inicia Redtel?

Francisco Román (FR): Esencialmente, la nueva etapa será continuista. Estamos muy satisfechos por el liderazgo y aportación de Miguel Canalejo durante los cinco últimos años al frente de Redtel y, una vez encarrilada la asociación y con los objetivos claros, nos centraremos en la profesionalidad de la asociación. Para ello, asignamos a la secretaria general los poderes ejecutivos que tenía el presidente y, por mi parte, asumo una presidencia que rotará entre los socios de Redtel. De la propia descripción se deduce que la línea será continuista.

¿La presión fiscal que sufren los operadores de telecos españoles es comparable en otros países?

Maite Arcos (MA): La presión fiscal del sector está muy cerca del límite máximo, y eso detrae recursos para invertir. Esa situación ha aumentado a lo largo de los últimos años hasta el punto de que España es el país que realiza un mayor esfuerzo fiscal en Europa en materia de telecomunicaciones.

¿Redtel se siente cómoda con la figura del regulador unificado?

FR: El cambio de modelo plantea interrogantes en cuanto al diseño final. Lo que esperamos es que persista un grado importante de especialización en telecomunicaciones, que no se pierda ese conocimiento, que los recursos destinados a la regulación continúen en la parte de telecomunicaciones y no se produzcan trasvases, o que las cosas empeoren... pero para valorar el tema necesitamos ver el dibujo final. Otro de los riesgos asociados de estos cambios es que los tiempos de transición se demoren en exceso y en ese ínterin se genere más incertidumbre de la necesaria.

¿Temen que parte de la tasa de operadores con la que ahora financian la CMT se destine a reguladores de otros sectores ajenos?

MA: Primero quiero recordar que los reguladores deben financiarse a través de unas tasas administrativas que cubran los gastos. El problema es cuando el importe recaudado excede los costes, ya que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha venido generando superávit de forma sistemática. En otros países se hace un ajuste automático, pero no en España. Nuestra preocupación con el regulador único no sólo es que exista una adecuada y transparente contabilidad de costes, sino también que se produzca una correcta asignación de los recursos que provienen del sector de las telecomunicaciones, para que sólo se destinen para financiar la regulación de nuestro ámbito de actividad. No queremos subvencionar a los reguladores de otros sectores porque entonces detraeríamos recursos de este sector para otros fines. Lo digo porque hay sectores para los que no se ha creado una tasa específica para esos fines. Consideramos que eso es un tratamiento asimétrico, sin mucha explicación.

¿Confían tumbar la tasa del 0,9 por ciento con la que las 'telecos' financian el fin de la publicidad en RTVE?

MA: Creemos que estamos cargados de razón para que esa tasa se elimine más pronto que tarde. Desde el principio hemos tratado de colaborar con las autoridades, señalando los puntos que colisionan con las directivas comunitarias, argumentando y proponiendo alternativas. En el caso de la tasa de RTVE, señalamos que aquello nos parecía ilegal y arbitrario. Después reclamamos en Bruselas al considerar que la carga iba en contra de la normativa europea. También acudimos a los tribunales españoles y recurrimos el mismo reglamento ante el Supremo. Ahora esperamos la decisión de los tribunales españoles y europeos.

¿Qué estrategia seguirán para eludir la tasa del 1,5 por ciento por la ocupación del dominio público local por parte de los operadores móviles?

M.A: El Supremo ha fallado en favor de los operadores y ahora pedimos que se agilice el proceso y que la sentencia impregne cada uno de los miles de recursos que existen en infinidad de municipios. Poco a poco, los Tribunales Superiores de Justicia de cada demarcación van cerrando los casos pendientes.

¿Consideran que el nuevo Proyecto General de Telecomunicaciones acabará con las restricciones que imponen muchos municipios para instalar antenas?

MA: Estamos satisfechos porque la futura ley demuestra una iniciativa política muy favorable para los despliegues. También creemos que clarifica la parte técnica de la normativa al destacar su vocación de uniformidad en todo el territorio.

FR: A lo anterior quiero añadir que la profusión de ordenanzas hace muy difícil el cumplimiento de las mismas. El símil ya lo he utilizado en alguna ocasión: ¿Se imagina que cada administración local pueda determinar la fecha de caducidad de los yogures, por ejemplo? Sin embargo, ese mismo disparate ocurre en cuanto a potencia de emisión y cosas similares. Esa innecesaria complejidad ha herido el ritmo de despliegue de las redes.