Las farmacias logran el apoyo empresarial contra De Guindos

Las farmacias están consiguiendo el apoyo del sector sanitario y de gran parte de las patronales empresariales en su defensa del modelo actual de titularidad y propiedad de estos establecimientos.

Ayer, las dos federaciones empresariales nacionales de farmacia -Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles y la Federación Nacional de Oficinas de Farmacia- anunciaron que han recibido el apoyo a sus reivindicaciones de la patronal de la pequeña y media empresa Cepyme, así como de los fabricantes de medicamentos genéricos (Aeseg), el Club de Opinión Farmacéutico Malagueño, la Confederación Empresarial Sevillana y la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela.

Las patronales de las farmacias rechazan una posible liberación del sector, que recoge el texto del Anteproyecto de Ley de servicios profesionales que prepara el Ministerio de Economía. Los propietarios de farmacias aseguran que los cambios que propone este texto supondrían una desregulación del modelo actual con "graves consecuencias" para los pacientes y la sanidad española.

A través de un manifiesto -al que se van uniendo poco a poco diversas organizaciones empresariales- los dueños de las boticas afirman que la posible liberalización "dejaría en manos de grandes capitales un servicio esencial y de interés público como el farmacéutico, donde la Administración poco o nada podría intervenir en ese libre mercado".

Asimismo, consideran que con su desarrollo se "pondría en riesgo el acceso de los pacientes a su medicación, puesto que, "debido a intereses comerciales, dejaría de estar garantizada la proximidad y capilaridad de las farmacias".

El borrador de Anteproyecto de Ley supondría el fin del binomio propiedad/titularidad vigente en 13 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia e Italia.

Las farmacias señalan que comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y Murcia, los principales partidos políticos, "el Ministerio de Sanidad y parte del Gobierno", los pacientes, distribuidoras como Cofares, el consejo general de enfermeros y varias sociedades médicas, también rechazan el proyecto del Ministerio de Economía.