Bruselas multa con 67 millones a Telefónica por un acuerdo ilegal con PT

La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 67 millones de euros a Telefónica por haber suscrito un acuerdo ilegal con Portugal Telecom para no competir en el mercado ibérico de telecomunicaciones, que se tradujo en precios más altos y menos opciones para los consumidores.

Por su parte, la compañía lusa ha sido sancionada también con 12,2 millones de euros.

"La Comisión está comprometida en conseguir la creación de un auténtico mercado único en el sector de las telecomunicaciones. No toleraremos prácticas anticompetitivas por parte de los operadores históricos para proteger sus mercados nacionales, ya que perjudican a los consumidores y retrasan la integración del mercado", ha dicho el vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en un comunicado.

Telefónica ya ha manifestado su "absoluta discrepancia" con la resolución impuesta por la Unión Europea, que sanciona a la compañía española con una multa por 66,8 millones de euros por los acuerdos alcanzados con Portugal Telecom en 2010, y ha señalado que recurrirá de "manera inminente" la resolución ante el Tribunal de Luxemburgo.

La firma ha recordado que la resolución de la Comisión Europea impone una sanción por los acuerdos alcanzados hace más de dos años entre Telefónica y Portugal Telecom para la compra de la participación que esta última empresa mantenía en el operador brasileño Vivo.

No obstante, Telefónica ha afirmado que en "ningún momento" ha vulnerado la ley. En concreto, la multinacional española ha explicado que en su resolución la Comisión Europea examina una cláusula del contrato suscrito por Telefónica y Portugal Telecom, cuya vigencia "estaba condicionada a una verificación de legalidad y que nunca tuvo aplicación".

En este sentido, la firma presidida por César Alierta ha precisado que, una vez realizado el examen de legalidad y verificada la improcedencia de la restricción prevista en la cláusula, ambas partes decidieron eliminarla del contrato.

Por su parte, Portugal Telecom, sancionada con una multa de 12,29 millones de euros, ha señalado que, aun sin recibir "formalmente" la notificación de la decisión de la Unión Europea, considera la sanción anunciada "injustificada e inapropiada".

Por esta razón, la operadora lusa ha indicado que está estudiando la posibilidad interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una vez que tenga la oportunidad de examinar el contenido íntegro de la decisión y sus motivos.

Los hechos

El pacto en cuestión se cerró en julio de 2010, como parte de la adquisición por Telefónica del control exclusivo del operador brasileño de telefonía móvil Vivo, hasta ese momento propiedad conjunta de ambas partes. Las compañías incluyeron una cláusula en el contrato en la que indicaban que no competirían entre sí en España y Portugal a partir de finales de septiembre de 2010.

Estaba previsto que se aplicara hasta finales de 2011, pero ambas compañías lo anularon en febrero de ese año, cuando Bruselas inició una investigación.

"Al mantener el statu quo en España y Portugal, el acuerdo impedía el proceso de integración del sector de las telecomunicaciones en la UE. Los acuerdos de no competencia constituyen una de las infracciones más graves contra la normativa sobre competencia de la UE, ya que las consecuencias pueden ser unos precios más elevados y menos capacidad de elección para los consumidores", ha resaltado el Ejecutivo comunitario.

Para fijar la cuantía de la multa, la Comisión ha tenido en cuenta la duración de la infracción (4 meses) y su gravedad, incluido el hecho de que las partes no mantuvieran en secreto el acuerdo. Bruselas también tuvo en cuenta como circunstancia atenuante el hecho de que el acuerdo no tuviera mucha duración.

El Ejecutivo comunitario ha resaltado que tanto Telefónica como Portugal Telecom son los mayores operadores de telecomunicaciones en sus respectivos países. Por ejemplo, en 2011 Telefónica obtuvo casi la mitad de todos los ingresos generados por el sector de las telecomunicaciones español. "Cada una de las partes tiene una presencia muy limitada en el país de la otra parte", denuncia Bruselas.

La Comisión inició una investigación sobre el caso por iniciativa propia en enero de 2011, una vez que tuvo conocimiento del acuerdo y envió a las partes un pliego de cargos en octubre de 2011. La decisión no afecta a la operación Vivo en sí misma.

Bruselas recuerda que cualquier persona o empresa que se considere afectada por este acuerdo ilegal puede acudir a los tribunales nacionales y reclamar una indemnización por daños y perjuicios. La multa de la Comisión constituye una prueba vinculante de que la práctica se produjo y era ilegal.