Las autonomías que pongan tasas a las eléctricas tendrán la luz más cara

El afán recaudatorio de algunas comunidades autónomas a través de impuestos a las centrales eléctricas puede llegar a su fin. Estos tributos representan un sobrecoste de la energía que por el momento se reparte entre todos los usuarios, aunque algunas autonomías no dispongan de estas tasas. Pero las eléctricas piden que esta situación cambie ya a partir del próximo mes de enero, de tal forma que los usuarios de las autonomías con impuestos eléctricos paguen una luz más cara que en el resto de comunidades.

El Ministerio de Industria ya está elaborando el desarrollo normativo del Real Decreto-ley 20/2012 aprobado el pasado mes de julio que exige la aplicación autonómica de estos suplementos. Las compañías tienen preparada toda la documentación sobre la proporción de estos impuestos sobre sus ingresos, con el fin de remitirla al Ministerio una vez apruebe la orden ministerial que regule el cambio legislativo, algo que previsiblemente ocurrirá antes de fin de año.

El objetivo es que el suplemento territorial de impuestos en el recibo de la luz se incluya en la revisión de los peajes de enero para que las eléctricas dejen de soportar en sus balances estas cargas. La razón es que estos recargos territoriales ya están previstos incluso en el artículo 17 de Ley del Sector Eléctrico para que sean soportados por los consumidores de cada región, pero que no habían sido nunca desarrollados.

Sin embargo, el ministro de Industria, José Manuel Soria, quiso dar un giro a esta situación y aprobó el recargo de los suplementos autonómicos hace más de tres meses para impulsar un cortafuegos a la imparable proliferación de impuestos autonómicos en los últimos años.

Incluso la Comisión Nacional de la Energía recomendó el pasado año la aplicación de la Ley para aplicar los suplementos territoriales por regulaciones autonómicas no homogéneas que dan lugar a sobrecostes de la luz.

Tras la maniobra de Industria, algunas comunidades se han visto en una encrucijada ya que, con el suplemento aprobado por el Gobierno, se enfrentan a un desgaste político por la discriminación de tener una luz más cara. En otros casos, se ha provocado un parón de la actividad de las centrales al hacerlas menos competitivas en precio.

Un claro ejemplo es la Comunidad de Murcia, quien aplica una tasa a los ciclos combinados y el resultado es que su funcionamiento se ha reducido considerablemente, provocando la oposición de los residentes y sindicatos. Por ello, el Gobierno autonómico ya ha comunicado a las propietarias de estas plantas (Iberdrola y GDF Suez) que retirará el gravamen.

Por su parte, Castilla y León rechazó imponer un impuesto a la nuclear una vez que se aprobó la posibilidad de que los consumidores de esta región tuvieran una luz más cara. Sin embargo, esta Comunidad mantiene un canon eólico cuya aplicación ha sido recurrida por la Asociación de Productores Eólicos de la región (APCYL).

Asimismo, Extremadura ha fijado un gravamen récord a la central nuclear de Almaraz con un tipo de 1,5 euros por MWh que supone un 4,7% de los ingresos de la central. Por último, el canon eólico de Galicia grava hasta con 5.900 euros cada aerogenerador, lo que supone un 1,5% de los ingresos de la central.

Un debate para analizar las consecuencias

El Club de la Energía ha organizado esta semana un debate para analizar estos gravámenes autonómicos. La eólica es una de las tecnologías que más impuestos soporta en España. A las cargas fiscales comunes a los demás tipos de energía (Impuesto sobre la Electricidad, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto de Actividades Económicas, etc.), hay que sumar las tasas autonómicas (incluidos los cánones medioambientales) y locales (Icio, Bices).

En algunas comunidades se ha planteado la inconstitucionalidad de este canon, aunque las compañías y patronales sólo pueden recurrir la aplicación de la medida. El problema es que la tramitación de estos recursos suelen durar años.

Según la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica, Rocío Sicre, "esta elevada imposición es contraria a los intereses medioambientales ya que se están gravando las tecnologías más limpias".

Todos los participantes valoraron la intención del Ejecutivo de aplicar recargos autonómicos, pero al mismo tiempo criticaron que la reforma energética esté basada en unos gravámenes que elevará el precio de la luz.