Un cargo de Google en Brasil, interrogado por un vídeo electoral
La compañía estadounidense está sometida a una presión legal creciente en Brasil por controlar el contenido subido por terceros en su plataforma de vídeos YouTube.
"Google está ofreciendo aclaraciones a las autoridades legales", dijo a Reuters un portavoz de la empresa en Sao Paulo.
La Policía Federal dijo en un comunicado que el ejecutivo de Google sería puesto en libertad después de firmar un documento en el que se comprometiera a compadecer más adelante ante la justicia.
"Por tratarse de un delito de poco potencial ofensivo, a pesar de haber sido traído hasta la Policía Federal, no permanecerá en prisión", dijo la policía.
Fábio José Silva Coelho fue acusado de desobediencia por un tribunal electoral de la ciudad de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, que pidió a la compañía que retirase de YouTube un vídeo con acusaciones a un candidato a la alcaldía.
La ley electoral brasileña prohíbe anuncios electorales que "ofendan la dignidad o el decoro" de un candidato. El vídeo que desató la polémica acusa a un candidato de exigir a su amante que abortara y divulga detalles de una presunta demanda por paternidad.
Google está apelando el fallo.
Incluso si no hubiera infringido la ley al divulgar ese tipo de vídeos, la compañía podría ser responsable por no quitar de Internet el contenido considerado ilegal por un juez, dijo Leonardo Palhares, un experto del estudio Almeida Advogados en Sao Paulo.
Y no es el único recurso legal presentado contra Google en Brasil.
Otro tribunal brasileño ordenó el martes a YouTube que retirase un vídeo con sátiras del profeta Mahoma que desató protestas violentas en todo el mundo islámico este mes.
Consultado sobre si la compañía apelaría también ese fallo, un portavoz de la empresa dijo: "Google todavía no ha recibido una nota formal sobre ese caso".
La justicia brasileña tuvo antes en el punto de mira a otros ejecutivos de multinacionales. Un fiscal brasileño presentó en marzo cargos penales contra Chevron, Transocean y 17 de sus empleados por derramar crudo en una plataforma a finales de 2011.