El Gobierno ofrecerá una solución para las participaciones preferentes en noviembre

El lunes pasado, el Gobierno acordó proceder "con carácter inmediato" a una inyección de capital en el grupo BFA-Bankia por 4.500 millones de euros. Esta ayuda deberá ir acompañada de un programa de reestructuración que pondrá en claro el problema de las preferentes.

Según indicaban fuentes de Reuters después de que el FROB comunicase su este movimiento, lo más probable es que la entidad nacionalizada reciba los fondos a mediados del presente mes. "Podría recibir efectivamente la cantidad el 14 de septiembre", afirmaba a la agencia una fuente con conocimiento de la operación.

Hoy mismo, el Tesoro Público ha cerrado una colocación privada de Letras y Obligaciones por 6.000 millones de euros con el fin de reforzar los recursos del FROB de 9.000 a 15.000 millones de euros.

Además, hoy mismo la Comisión Europea (CE) ha dado luz verde de forma temporal a la inyección de 4.500 millones de euros en Bankia-BFA anunciada por FROB. Esa ayuda "reforzará la posición de capital del grupo BFA y asegurará su acceso a distintas fuentes de financiación", señala el Ejecutivo comunitario. Bruselas ha recordado también que la autorización es temporal y que debe venir acompañada de un plan de reestructuración de la entidad.

Y es que Bankia tendrá que elaborar un plan de saneamiento que "asegure la viabilidad de la entidad, distribuya equitativamente los esfuerzos de esa reestructuración y elimine las distorsiones a la competencia", explica Joaquín Almunia, el comisario europeo de Competencia, a Expansión.

Dicho plan debe estar listo antes de noviembre y en él se abordará una reducción del balance del banco, así como la cuestión de las participaciones preferentes, añade el rotativo. Se incluirá "el tratamiento que corresponde a los tenedores de la deuda de Bankia", explica Almunia.

De esta forma, los particulares e inversores tendrán que esperar al menos otros dos meses antes de saber qué sucederá con su dinero. En la nueva reforma financiera se insta al banco nacionalizado a agotar todos sus recursos, incluido imponer el reparto del coste del salvamento entre accionistas y acreedores, para minimizar el consumo de recursos del contribuyente. Esto supondría que, en el peor de los casos, los tenedores de deuda de las entidades se verían obligados a aceptar una quita.

Tras la avalancha de críticas y de acciones judiciales que están llevando a cabo los afectados, el Gobierno ha intentado pactar una solución con Bruselas, que tiene la última palabra, para las participaciones preferentes.

En este sentido, Almunia puntualiza que "hay que conocer" los resultados de la auditorías y "la evaluación de Oliver Wyman" sobre los balances de la banca que se están llevando a cabo. Luego, "la Comisión Europea adoptará la decisión oportuna sobre los planes", señala el comisario europeo.