Afinsa-Fórum: Una quiebra bancaria encubierta
Comencemos por una pregunta simple: si mañana el Banco Santander o el BBVA dejaran de dar préstamos y decidieran reestructurar su activo en sellos, obras de arte u otros bienes tangibles, ¿dejarían por eso de ser bancos? La respuesta es inequívoca, aunque quizás no obvia para todo el mundo: no.
Seguirían siendo bancos porque, contra lo que mucha gente piensa, lo que caracteriza esencialmente a un banco no es prestar dinero, sino captar fondos reembolsables del público y comprometer el reembolso de esos fondos a un tipo de interés garantizado.
Para prestar dinero no haría falta, teóricamente, ninguna autorización legal. La razón última es que el riesgo (de impago) lo sufre la entidad que presta. Pero cuando hablamos de captar fondos reembolsables, el riesgo de perder esos ahorros, si la entidad quiebra, lo sufre el público, en general. De ahí que la ley reserve la actividad de captación de fondos reembolsables del público (actividad que define a una entidad de crédito) a entidades que cuenten con unos requisitos mínimos de solvencia y que están sometidas a supervisión pública. En España, la potestad supervisora reside en el Ministerio de Economía, que la tiene delegada en el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.
La explicación anterior es imprescindible para entender la verdadera naturaleza de Fórum y Afinsa. Es completamente esencial subrayar que, como ha explicado en sede parlamentaria el presidente de la CNMV, la actividad de Fórum y Afinsa era exactamente la de una entidad de crédito: captaban fondos reembolsables del público y se comprometían a devolverlos a tipo de interés garantizado, bajo distintas modalidades de contratos financieros. Algunos eran materialmente depósitos; otros, fondos de inversión; otros, finalmente, planes de pensiones. La naturaleza financiera de la actividad de Fórum y Afinsa es, por tanto, incuestionable, como señala el juez en uno de sus autos.
Más aún. Si la naturaleza de los activos (financieros, inmobiliarios o intangibles) en que están invertidos los pasivos exigibles y los fondos propios de una entidad de crédito no altera un ápice su condición de entidad de crédito, igualmente irrelevante a estos efectos resulta el recurso a captar del público nuevos fondos reembolsables para poder hacer frente a los reembolsos de los depositantes; hay múltiples antecedentes de "huidas hacia adelante" de bancos en situación de insolvencia patrimonial.
En resumen: Afinsa y Fórum Filatélico eran realmente dos bancos. Bancos que, además, comercializaban otros productos financieros y que, éste es el punto esencial, operaban sin licencia bancaria. Materialmente nos encontramos, por tanto, ante una quiebra bancaria. El corolario es evidente: el sistema español de supervisión financiera ha fallado estrepitosamente.
No se trata, por tanto, ni de un problema de las autoridades de consumo, como absurdamente algunos han planteado, pero tampoco de una supuesta laguna legal o insuficiencia en el desarrollo reglamentario de la legislación financiera vigente. Es natural que el Ministerio de Economía y los organismos supervisores delegados (esencialmente, Banco de España y CNMV, pero también la Dirección General de Seguros), a la vista del escándalo, traten de echar balones fuera y apunten en esa dirección.
Eso no es ni aceptable ni justo. Hay más de 300.000 españoles que han perdido su dinero, algunos el ahorro de toda su vida. Hablamos de un quebranto patrimonial que podría elevarse a 3.500 millones de euros. La dimensión del escándalo requiere la máxima implicación de las autoridades económicas en el esclarecimiento de los hechos. Porque, aunque a muchos ciudadanos nos disguste la idea de que finalmente tengamos que pagar del orden de 200 euros más por contribuyente en impuestos adicionales por responsabilidad subsidiaria del Estado, el buen funcionamiento de los servicios públicos es exigible siempre. Al Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros, naturalmente, también les es exigible diligencia en su actividad supervisora. Y si se demuestra que no la han ejercido diligentemente, como parece claro, los tribunales podrán condenar al Estado a indemnizar a los perjudicados.
El debate se plantea necesariamente, por tanto, en torno a las tres siguientes cuestiones. ¿Detectaron los servicios de inspección del Banco de España y/o de la CNMV y/o de la Dirección General de Seguros la actividad bancaria de Afinsa y Fórum? Segunda cuestión: de ser así, siendo conscientes de la ausencia de licencia bancaria, y dado que la legislación española determina que el titular de la actividad de supervisión financiera es el Ministerio de Economía, ¿informaron las entidades supervisoras al ministro de Economía? Tercera cuestión: teniendo constancia hace ya dos años de graves irregularidades y de fraude de ley el entonces secretario de Estado de Hacienda (casualmente, el próximo gobernador del Banco de España), ¿cómo es posible que no actuara entonces? Se trata de cuestiones de la mayor trascendencia que requieren explicaciones claras y transparentes.
Dos apuntes finales. El primero liga con la tercera cuestión expuesta y tiene que ver con el carácter geométrico de la progresión del agujero patrimonial en estos casos de huidas hacia delante "a la Ponzi". La variable tiempo es clave. Meses de inacción se traducen en cientos o incluso miles de millones de euros de "agujero". El segundo tiene que ver con la propia intervención. Intervenir una entidad entrando como un elefante en una cacharrería no sale gratis, como no salió gratis la intervención de Banesto al estilo de los "hombres de Harrelson" en tiempos de Luis Ángel Rojo. El deterioro patrimonial que produce enL la entidad sólo perjudica (aún más) a los ahorradores. Parece que este caso no ha sido una excepción.