El Constitucional permite a Cataluña cobrar una tasa al gran comercio

Golpe a las grandes superficies. El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el impuesto que aprobó la Generalitat de Cataluña para gravar su actividad comercial, rechazando el recurso presentado en 2001 por el Gobierno de José María Aznar. El TC ha concluido que este impuesto no tiene una base imponible idéntica a las del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) ni al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), argumentos expuestos por el Gobierno en su recurso.

La tasa catalana fue aprobada por el Parlament el 29 de diciembre de 2000. Inicialmente, el TC la dejó en suspenso tras el recurso, aunque posteriormente decidió no realizar ninguna intervención cautelar hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto. La Generalitat aprobó la introducción de este impuesto específico de 17,42 euros por metro cuadrado para los comercios de más de 2.500 metros cuadrados, por cada metro adicional de superficie de ventas, un gravamen con el que el Govern esperaba recaudar al año unos 14,42 millones de euros con el objetivo de destinarlos a la modernización del comercio urbano en Cataluña.

Las grandes en pie de guerra

La resolución ha puesto en pie de guerra a las grandes empresas de distribución, que podrían verse obligadas a repercutirlo en los precios para no seguir castigando sus márgenes. La patronal Anged, que defiende los intereses de compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Leroy Merlin, Ikea o Alcampo, asegura que "este tributo es discriminatorio e injusto contra un sector que en el transcurso de esta crisis ha realizado un gran esfuerzo por ajustar sus márgenes y rebajar los precios, con el objetivo de asegurar el poder adquisitivo de los hogares y dinamizar el consumo". En su opinión, se trata de un tributo que, por tanto, deteriora la capacidad de generar empleo y riqueza "en un momento en el que es crucial recuperar la confianza tanto de consumidores como de empresas".

El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, celebró ayer la sentencia que, según dijo, avala la política comercial del gobierno que presidía entonces Jordi Pujol, y que el Govern de Artur Mas "mantiene".