Bruselas quiere subir los impuestos a los carburantes y cerrar el carbón

La Comisión Europea ya tiene listo un documento de trabajo en el que evalúa el programa nacional de reformas de España para 2012 y propone una serie de recomendaciones que podrían llegar a adoptarse en la próxima batería de medidas energéticas que el Gobierno ha anunciado para este mes de junio.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que el Ejecutivo se está planteando retocar la fiscalidad energética, una opción que avalaría Bruselas, ya que según este documento los impuestos ambientales en España fueron los más bajos de la Unión Europea en 2010.

Este hecho abre la puerta a un aumento de los impuestos especiales sobre los combustibles del transporte (gasolina sin plomo y gasóleo), así como a la eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, aunque la Comisión no especificó cuáles.

El documento de los servicios de la Comisión explica que España está elaborando un Plan Estratégico plurianual 2013-2018 para el sector del carbón, que aún está pendiente de publicación.

Bruselas prevé que dicho plan incluya detalles sobre la forma en que España se propone reducir gradualmente hasta suprimir las ayudas a la producción y cerrar las minas de carbón de aquí a 2018.

En opinión de la Comisión, España ha presentado un conjunto adecuado de medidas de eficiencia energética y de apoyo a las fuentes de energía renovables con objeto de alcanzar sus objetivos energéticos para 2020. Sin embargo, el sistema de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente.

Protección de la tarifa

Nuestro país, según recoge el informe, "ha limitado tradicionalmente los precios finales de la electricidad para una serie de grupos de consumidores en el marco de un sistema de tarifas reguladas. Las tarifas no siempre cubren los costes, lo que implica que el sistema genera un «déficit tarifario» a expensas de la empresa suministradora del servicio".

Bruselas explica que los costes de generación y los costes regulados (por ejemplo, costes de transporte y distribución) aumentan más deprisa que las tarifas, lo que ha provocado que el déficit aumente significativamente en los últimos años, habiendo alcanzado un importe acumulado de 24.000 millones de euros (equivalentes a más del 2 por ciento del PIB).

Competencia insuficiente

Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón. Estas medidas no se han traducido en menores precios, por lo que obstaculizan el crecimiento económico.

En 2009, el Gobierno revisó íntegramente el sistema de tarificación con el fin de garantizar que los precios de la electricidad cubrieran todos los costes. Sin embargo, se siguió permitiendo a los hogares de bajo consumo, que representaban el 83% de los consumidores, disfrutar de precios de la electricidad que no reflejaban todos los costes del sistema, mediante la aplicación de la tarifa de último recurso. Como consecuencia de ello, el déficit tarifario siguió acumulándose.

Precios irreales

La suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020. Por otra parte, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada aumentaría respecto de la tasa actual del 79 por ciento (que es ya muy superior a la media de la UE, del 54 por ciento).

La simplificación de los complejos procedimientos de autorización y planificación y la supresión de otros obstáculos al desarrollo de las energías renovables pueden contribuir a reducir el coste de estas energías, cuestión que aún está pendiente para España.

Aunque una reducción de los costes de la electricidad debería contribuir a disminuir el déficit tarifario, la subida de las tarifas aplicadas a los consumidores puede frenar el consumo interno y reducir la competitividad exterior de las empresas.

El ministerio de Industria trabaja ya a marchas forzadas para tener lista la reforma energética este mismo mes de junio. En ella tendrán que atajar los 5.000 millones de déficit que se generan anualmente.