El Gobierno negocia con Bruselas que sea el BEI el que inyecte el dinero necesario al Frob

El próximo Consejo de Ministros abordará la segunda reforma financiera de la era Rajoy, con la aprobación de vehículos individuales para separar del balance los activos más tóxicos de las entidades y unas exigencias extra de provisiones para los activos inmobiliarios de hasta 40.000 millones.

Según fuentes financieras, estos nuevos requerimientos, que elevarían el porcentaje que se exige en el Real Decreto 2/2012, supondrá un esfuerzo extra para las entidades de unos 37.000 millones de euros, lo que sumado a los 53.000 millones para cumplir con la reciente reforma, supone elevar las necesidades en 90.000 millones de euros.

Los expertos y algunos bancos de inversión consultados ponen en duda la efectividad de la medida si no se aborda el problema de las refinanciaciones, por las que algunas entidades no sólo pueden hacer pasar por créditos en situación de normalidad lo que deberían estar clasificados como dudosos, sino que contamina toda la cuenta de resultados, elevando de forma artificial margen de intereses, eficiencia y beneficios, además de rebajar las necesidades de provisiones reales.

No obstante, y a falta de saber hasta dónde se van a elevar los nuevos porcentajes de provisiones para cada clase de activos, inmuebles acabados, en construcción y suelos, el proyecto del Gobierno también contemplaría, según estas fuentes, elevar el 7% actual sobre créditos en situación de normalidad, lo que atenuaría, de forma indirecta aunque tal vez insuficiente, el problema de las refinanciaciones al sector promotor e inmobiliario.

'Banco' individual y voluntario

El viernes también está previsto dar luz verde al 'banco malo'. Cada entidad podrá constituir un vehículo donde agrupar sus activos inmobiliarios y segregarlos del balance.

Ante la oposición de la mayor parte del sector sobre la obligatoriedad de estos instrumentos, lo más probable es que su constitución sea voluntaria, si bien el Ejecutivo podría introducir algún tipo de incentivo para estimular la participación del mayor número de entidades, tales como una relajación en el calendario de las nuevas provisiones o en la forma en que hay que contabilizarlas, un método similar al que se contemplaba en el anterior decreto para incentivar las fusiones entre entidades bancarias.

Sobre la forma de financiar estos nuevos requerimientos y las necesidades que generen los 'bancos malos', la voluntad del Gobierno sería que se sufragara a través de aportaciones adelantadas del sector al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), aunque ésta es una posibilidad prácticamente descartada, dada las crecientes necesidades del sector, con Bankia a la cabeza, y los nuevos requerimientos que se aprobarán el viernes. Por ello, cobra fuerza la utilización de los llamados Cocos (bonos convertibles contingentes), de los que Bankia necesitaría entre 7.000 millones y 10.000 millones de euros, además de las peticiones de otras entidades que pudieran surgir como consecuencia de las nuevas provisiones.

Negociación con Bruselas

Según fuentes del sector, el Gobierno habría tanteado a Bruselas sobre la posibilidad de que el BEI (Banco Europeo de Inversiones) pudiera inyectar el dinero necesario para un completo saneamiento del sector al FROB, y éste, a su vez, lo inyectara a cada entidad. El BEI es la institución europea que se señala como el vehículo más idóneo para introducir medidas de estímulo al crecimiento a través de inversiones en sectores muy concretos, si bien la finalidad del BEI está limitada, hasta la fecha, a inversiones en infraestructuras y energía.

Por otro lado, la compra de Cocos a las entidades no está exento de complicaciones, según señalan fuentes del sector, ya que son prestamos que deben devolverse con un interés del 8% anual, lo cual castiga aún más el margen de intereses de las entidades.

Lo que también señalan estas mismas fuentes, es que los últimos detalles acerca de cómo se articularían los 'bancos malos' aún no está cerrado y que, dentro de un clima cada vez más distanciado, el Banco de España tiene su modelo y sus objetivos y el Gobierno otro.

Lo que también parece incluirse dentro de los objetivos de este instrumento es la posibilidad de que, dado que se quiere imprimir más transparencia acerca de los activos inmobiliarios y dotarlos de más provisiones, es buscar inversores privados que compren bloques de activos inmobiliarios, para descargar así la cartera de las entidades.

Según el último informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, el total de la cartera inmobilaria y promotora del sector alcanza los 308.000 millones de euros al cierre de 2011, de los que el 60%, es decir, 184.000 millones de euros es problemática, es decir, lo que suman créditos morosos, subéstandar y activos adjudicados.

El supervisor también señala que la entrada en vigor del Real Decreto 2/2012 ha elevado significativamente el nivel de cobertura, y así se ha pasado de unas provisiones del 29 por ciento sobre el total de la cartera al 53 por ciento.

BFA-Bankia, el grupo que posee la mayor exposición de todo el sector, tiene un volumen de créditos inmobiliarios de 37.500 millones de euros, a los que hay que añadir casi otros 14.000 millones en activos adjudicados. También es la entidad que atesora más suelo, 5.200 millones de euros, mil millones más que el Santander y 2.200 millones más que BBVA.

El sector da por descontado que la entidad madrileña será la primera en utilizar el banco malo que se apruebe en el Consejo de Ministros y la primera también en recibir ayudas públicas.