PSOE propone "gran acuerdo" con todos partidos materia urbanismo
Madrid, 4 jul (EFECOM).- El PSOE presentó hoy un conjunto de medidas para fomentar un desarrollo urbanístico y territorial sostenible y evitar la aparición de casos de corrupción vinculados a la especulación del suelo, a la vez que propuso a todas las fuerzas políticas un "gran acuerdo" en esta materia para lograr estos fines.
Así consta en el documento "Por una nueva Política Urbanística y del Territorio" presentado en la sede del PSOE y que recoge propuestas para afrontar la creciente preocupación de la sociedad española en relación con el urbanismo, los casos de corrupción derivados de la especulación del suelo, la ordenación del territorio y las condiciones de acceso a la vivienda.
Al acto asistieron, por parte del Gobierno, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y, por parte de la ejecutiva del PSOE, el secretario de Relaciones Institucionales y Políticas Autonómica, Alfonso Perales, el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas, Alvaro Cuesta y la secretaria de Política Económica y Empleo, Inmaculada Rodríguez-Piñero.
En el documento, los socialistas defienden un modelo urbano que integre viviendas de calidad en ciudades habitables, que comprometa a las administraciones públicas con el buen uso del suelo y que apueste por los valores patrimoniales, culturales, medioambientales y sociales del territorio.
En primer lugar, proponen crear una nueva cultura del territorio con una mayor y mejor intervención pública en la ordenación y la preservación de sus valores, un desarrollo mixto de los distintos usos del suelo, el desarrollo de una red de transporte público eficiente y la mejora de la calidad de las ciudades.
El PSOE también quiere impulsar una nueva política urbanística en la que todas las administraciones implicadas asumen sus responsabilidades, y fomentar una nueva forma de gestión.
En este último apartado destaca la intención de potenciar la figura del Fiscal Especial con atribuciones en Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico.
En el acto, todos los intervinientes señalaron que la situación que ha alcanzado el urbanismo en España, sobre todo en las áreas territoriales con mayores presiones urbanísticas, el litoral y las grandes concentraciones urbanas, "resulta insostenible".
A juicio del PSOE es "urgente" implantar un cambio de modelo, ya que el que aplicaba el PP, "el del todo es urbanizable" en palabras de Rodríguez-Piñero, ha "fracasado estrepitosamente".
"Hoy se construyen 750.000 viviendas anuales, una oferta incapaz de satisfacer la demanda de los ciudadanos que quieren acceder a una vivienda pero que no pueden por los altos precios", dijo.
Por su parte, Alfonso Perales subrayó que casos como el de Marbella dañan la imagen de los municipios y recordó que a pesar de todo "no vamos a frenar el urbanismo sino fomentar su desarrollo legal y responsable".
Según Perales, al PSOE no le gusta la situación actual, sino que le "disgusta lo que está pasando", por lo que este partido pretende aplicar la política urbanística dando "credibilidad, confianza y seguridad".
"No es un botón que se aprieta pero este documento es una primera iniciativa", recalcó.
En opinión de Alvaro Cuesta, las propuestas del PSOE pretenden evitar la especulación y casos de corrupción que en algunos ayuntamientos han aflorado, y dar respuesta a una situación en la que la población se concentra cada vez más en las ciudades.
Por su parte, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, señaló que "tenemos que plantearnos cómo crecer", porque hay que preservar el medioambiente, la riqueza paisajística y fomentar la cohesión social.
Trujillo aseguró que la nueva Ley del Suelo sentará las bases para una nueva ordenación urbanística y territorial y señaló que "sólo centrándose en la raíz de los problemas de hoy una ley del suelo puede permanecer en el tiempo".
Recordó las principales medidas que recoge la ley, y con la que el Gobierno pretende combatir la especulación del suelo.
Así, apuntó a la reserva del 25 por ciento de suelo para vivienda protegida, la cesión de entre el 5 y el 15 por ciento que deben hacer los promotores a los ayuntamientos cuando promueven un proyecto, el derecho de información y participación del ciudadano en la planificación urbanística, la obligatoriedad de someter los planes a información pública y de añadir una evaluación medioambiental y un resumen ejecutivo y económico.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, coincidió con Trujllo en señalar que el suelo no sólo tiene un valor económico sino también natural y social, y destacó que las administraciones tienen que hay que proteger los bienes de interés común en colaboración con la iniciativa privada.
También recordó las medidas que ha llevado a cabo su departamento para fomentar un urbanismo sostenible, y mencionó la ley que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental, como ejemplo más reciente. EFECOM
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