La deuda de los ayuntamientos relaja la política de desinversiones de FCC
Cuando el pasado día 9 de marzo el Consejo de Ministros daba luz verde al plan de pago a proveedores, muchas empresas respiraron tranquilas. La incertidumbre sobre el abono de las cantidades adeudadas por los ayuntamientos y la administraciones públicas desaparecía parcialmente y el panorama cambiaba radicalmente para aquellas compañías más expuestas al sector público, entre ellas, FCC.
El grupo constructor, con una deuda al cierre de 2011 de 6.277 millones de euros, se hallaba entonces en medio de una agresiva política de desinversiones con la que amortizar parte de su elevada deuda. Una postura que, aunque no puede considerarse extemporánea y de hecho seguirá adelante, sí se ve ahora con otros ojos.
No es para menos. La empresa que preside Baldomero Falcones contabiliza hasta la fecha una mora acumulada por las instituciones de alrededor de 2.100 millones de euros, de los que 1.700 millones ya han vencido y son por lo tanto exigibles. Una cifra que prácticamente encaja a la perfección con los 1.800 millones de euros fijados por FCC como objetivo a alcanzar con su política de desinversiones.
"Lo cierto es que con la cantidad que nos deben las administraciones públicas no tenemos la necesidad de forzar para vender o malvender ningún activo. Al margen de dar entrada a un nuevo socio en nuestra división de energía y de la venta de la filial en Estados Unidos de Cementos Portland, las cuales se están llevando a cabo sin prisas y estudiando detenidamente todos los puntos, la idea pasa por desprenderse de activos no estratégicos pero sin hacer malas operaciones. Si llega una buena oferta se estudiará y siempre teniendo en cuenta que nuestra situación no es comprometida ni mucho menos", aclaran desde el grupo constructor español.
Reflejo de esta coyuntura, algo más holgada, es que hace pocos días la empresa lograba refinanciar un crédito sindicado de 483 millones de euros hasta 2015, cuyo vencimiento estaba fijado para el próximo 28 de abril.
Una buena noticia que el grupo tendrá que repetir por el lado de su división cementera Portland (controlada en un 70%), donde el apalancamiento financiero supera los 1.300 millones. De momento, la puesta en venta de la filial Giant en EEUU, con una deuda de 340 millones ya descontada de las obligaciones netas de FCC a diciembre de 2011, permitirá a la empresa ingresar entre 650 y 700 millones de euros para salir del paso.
En el caso de no conseguirlo, el grupo ya ha anunciado que optaría por una ampliación de capital de entre 200 y 300 millones de euros para dar entrada a nuevos socios que, en ningún caso, podrían sumar un porcentaje de control en la cementera.
Filial de energía
La venta de Giant se suma a la más que probable entrada del fondo japonés Mitsui en FCC Energía con el 50 por ciento del capital. La operación, de la cual está pendiente la autoridad de competencia europea, permitirá aportar 500 millones de euros a la empresa energética. La mitad de la deuda de ésta última, al igual que con Giant, también está descontada de las obligaciones netas de FCC al tratarse de un activo dispuesto para el traspaso. En total, 570 millones.
Con la mirada puesta en esos 1.800 millones que la empresa quiere ingresar vía desinversiones, FCC también negocia en estos momentos con el fondo francés PAI la venta de su empresa de servicios aeroportuarios Flightcare. Un activo no estratégico que queda fuera de su corebusiness y por el que la empresa prevé ingresar alrededor de 140 millones de euros. Este mismo fondo también cerró la compra de la empresa homóloga de Ferrovial, Swissport, por 654 millones a mediados del pasado año 2010.
Pero, a estas alturas, FCC ya ha cumplido con parte de su estrategia acumulando desinversiones por valor de 515 millones. Sólo con la venta de la Torre Picasso en Madrid la empresa captó 400 millones de euros. La compra de Dinamia y N+1 de la filial de estacionamientos regulados en superficie (Eyssa) del grupo que controla Esther Koplowitz, consumada a finales de 2011, también ha reportado a la empresa un total de 115 millones.
Con estas medidas la sociedad pretende reducir su apalancamiento financiero por debajo de tres veces EBITDA y recuperar circulante para poder impulsar su proceso de internacionalización sobre todo en las áreas de infraestructuras y servicios medioambientales, de manera que las actividades fuera del mercado doméstico pasen del 52 al 60% del total de ingresos.