Industria garantizó por carta que no tocaría las primas a las termosolares
El ministro de Industria, José Manuel Soria, comparecerá hoy tras la reunión del Consejo de Ministros para dar el pistoletazo de salida a la reforma energética que prepara desde hace meses, con una subida de la luz de un 7% y con importantes recortes para las empresas eléctricas.
El temor a la reforma energética se cierne sobre todos los sectores, pero la termosolar asegura que tiene un as bajo la manga.
Según explicó el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, a elEconomista cada una de las 60 plantas termosolares tienen una carta del Ministerio de Industria en la que se comprometía a mantener la retribución que actualmente se encuentra vigente para estas centrales. Este acuerdo fue adoptado por el anterior Gobierno, encabezado en este área por Miguel Sebastián, que ofreció esta garantía a cambio de que las termosolares retrasasen su entrada en operación y lo hicieran en cuatro fases hasta el 1 de enero de 2013, lo que supuso un ahorro para el sistema de unos 1.000 millones de euros.
Prueba clave
Con este documento en sus manos, los inversores en termosolar, muchos de ellos fondos de inversión extranjeros, se encuentran algo más tranquilos, ya que consideran que podría ser una prueba clave en el caso de que el Ejecutivo decidiera aplicarles un tijeretazo y se llegara a los tribunales.
Según explicó Protermosolar, hasta final de año entrarán en operación del orden de 800 megavatios (MW) y desde enero de 2013 otros 400 MW. Con estas cifras de potencia instalada calculan que las primas que recibirá el sector estarán cerca de los 1.400 millones de euros al año.
Esta patronal considera además que el sector al completo tendría una valoración del orden de los 9.000 millones de euros, con lo que sería muy complicado aplicar una moratoria termosolar completa y asegura que de los 400 MW que tienen que entrar en funcionamiento el año próximo, prácticamente la mitad se encuentran ya en una fase muy avanzada de su construcción.
Protermosolar añadió que no ha podido negociar con el Ministerio de Industria, pese a que mantuvo una larga reunión con el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, en la que tampoco les desveló sus planes sobre los cambios en el sector.
En cualquier caso las dudas se despejarán pronto porque el Consejo de Ministros verá hoy una primera parte de la reforma en la que Soria ha insistido que se repartirán los costes entre los consumidores, las eléctricas y el Estado.
Como primer paso, el Gobierno aprobará un incremento del recibo de la luz que viene impuesto por un auto del Tribunal Supremo en el que se obliga a refacturar los consumos de más de 20 millones de clientes desde octubre del año pasado para recoger los costes reales del sistema eléctrico. Sin embargo, el coste de la energía (que fija la mitad del recibo) cayó este trimestre un 7,1 por ciento, lo que dejaba margen para un aumento más moderado, una opción que el Gobierno no ha querido tener en cuenta para atajar el déficit.
Remodelar el sector
Además, el Estado asumirá la financiación del bono social, es decir, la congelación de las tarifas para los consumidores con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios y a las familias numerosas o con todos sus miembros en situación de desempleo.
Con esta modificación, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que considera que es discriminatorio que esta medida sea asumida por las eléctricas y el Gobierno debe asumir cerca de 500 millones por este concepto que se aprobó a mediados de 2009. El Ejecutivo también autorizará que los ingresos de las subastas de CO2, que a partir de 2013 dejan de ser gratuitos, se destinen a financiar las energías renovables y las políticas de ahorro y eficiencia energética del Idae.
Estas medidas son el primer paso a la reforma del sector, pero previsiblemente en mayo el Gobierno aprobará otro Real Decreto Ley en el que incluirá el resto de materias pendientes para elevar los ingresos y reducir los costes regulados. Además, promulgará una Ley que regule que no se vuelva a generar el desajuste financiero en el sector. Entre los cambios pendientes destaca el impulso de subastas que fijen la retribución de las tecnologías renovables más maduras, como es el caso de la eólica.
Además, el Gobierno quiere que las eléctrica hagan más sacrificios. Por ello, les obligará a que se encarguen de la gestión de residuos radiactivos de las nucleares, que hasta ahora era asumido por el Estado. Con estas medidas, el departamento de Industria evita que la luz suba un 40 por ciento, en tanto que mantiene que el próximo año ya no exista déficit eléctrico y no creará un impuesto para la nuclear.