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Empresas y finanzas

Standard & Poor's también revisará su procedimiento de asignación de 'ratings'


    La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha iniciado la puesta en práctica de una batería de 27 medidas para revisar su aqsignación de 'ratings', tal y como ya hicieron Fitch y Moody's. En concreto, S&P indicó que la implementación de nuevas medidas asegura su independencia y aumenta la transparencia para mantener la confianza de los inversores.

    La agencia, perteneciente al grupo McGraw-Hill Companies, explicó que estas acciones se implementarán a través de toda la organización durante el ejercicio en curso y destacó cuatro áreas principales en su aplicación: gobierno, análisis, información y educación del público.

    Asimismo, afirmó que incrementará la claridad sobre el proceso de asignación de 'ratings', así como de los riesgos implícitos en los cambios de los mismos, mientras que llevará a cabo un programa para enseñar a los partícipes en el mercado "qué es un 'rating' y qué no es" con el objetivo de que el público haga un adecuado uso de los mismos.

    "Mediante la mejora de la independencia, fortaleciendo el proceso de calificación, e incrementando la transparencia, las acciones que estamos desarrollando contribuirán al interés público al incrementar la confianza en los 'rating' y respaldando la eficiente operatividad de los mercados globales de crédito", apuntó Deven Sharma, presidente de S&P.

    Ombudsman

    Entre las acciones más significativas que aplicará la agencia de calificación de cara a mejorar el gobierno de la entidad destaca la creación de la figura de un defensor del público (Ombudsman) que se encargará de hacer frente a las preocupaciones relacionadas con posibles conflictos de intereses que puedan surgir entre los emisores, inversores o empleados, así como entre el resto de participantes en el mercado.

    Asimismo, la entidad prevé contratar una firma externa para que revise periódicamente la conformidad de los 'ratings' de S&P, así como de los procesos de gobierno, y emitirá un dictamen público respecto a si la agencia gestiona de manera efectiva los potenciales conflictos de interés y mantiene la independencia de sus calificaciones.