Comisario quiebra:Caja tenía 2,3 millones menos de activo de lo que reconocía

Brotons ha precisado que los responsables de la Caja computaban su saldo positivo en 3,9 millones de euros y el negativo en 281.800 euros, pero él comprobó que las cifras se situaban en 1,58 millones de euros y 2,4 millones, respectivamente.

El comisario de la quiebra ha testificado como perito en la octava sesión del juicio por esta causa que se celebra en la Audiencia de Alicante, en la que también han comparecido los síndicos apoderados e interventores José Francés, José Reig y Rafael Rodés.

La quiebra fraudulenta de la citada entidad afectó a más de 1.500 ahorradores por un montante de 3,7 millones de euros.

El fiscal pide seis años de cárcel para cinco de los responsables por un presunto delito de insolvencia punible y el abogado de los afectados amplía la acusación a otros cinco y solicita catorce años de prisión por insolvencia punible y asociación indebida.

Brotons ha ratificado que algunos créditos concedidos por la entidad "no tenían garantías suficientes", al tiempo que Reig ha indicado que era "práctica habitual" otorgar préstamos que no se atendían y que se cancelaban con otros nuevos tampoco satisfechos.

Han puesto como ejemplo el caso del procesado Jesús Lidiano Llopis, ex director de la sucursal de la Caja, que recibió tres créditos y cuya deuda han situado en más de 138.000 euros, así como un particular que presentó como aval "un folio con un balance firmado por él y no del registro mercantil".

Brotons ha dicho que otorgaban préstamos hipotecarios a la totalidad del valor tasado cuando en la práctica bancaria el porcentaje es inferior, y Reig ha creído "no razonable" la concesión de tres préstamos en un mismo día a sendos miembros de una familia.

Los peritos han manifestado la existencia de defectos en los libros de la Caja, puesto que los diarios y los de inventario de 1991 a 1995 no estaban, al parecer, legalizados, mientras que han asegurado que los libros de cuentas anuales de 1993 y 1994 "no existían".

Asimismo, han dicho que, días antes de declarar la suspensión de pagos, 53 socios de la cooperativa de la entidad acudieron a cobrar "todos juntos" el importe de sus participaciones, en una operación "sin soporte legal" y de la que "no constan recibos".

Preguntado por el requerimiento que se les hizo para aportar los expedientes de acreedores y sobre el retraso en las reclamaciones a los deudores, Brotons ha dicho que entregaron todos los que tenían y que se están haciendo las solicitudes, respectivamente.

Respecto a la recuperación de dinero de los afectados, cifrada en un 18 por ciento, Brotons ha reconocido que se excluyó del reconocimiento a los acusados, aunque fueron incluidos después por orden judicial, y ha afirmado que quienes no han cobrado "tienen el dinero guardado". EFECOM

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