Portugal analizará la denuncia de la UE por la "acción de oro" en PT

El ministro luso de la Presidencia, Pedro Silva, dijo hoy que el Ejecutivo socialista no ha recibió notificación alguna de las instituciones comunitarias a causa de los derechos especiales que el Estado tiene en el operador de telecomunicaciones dominante.

Según la información difundida en Bruselas, la Comisión Europea ha decidido llevar al gobierno portugués ante el Tribunal de Justicia de la UE a causa de su participación decisiva en el capital de PT.

Pero según comentó Silva al final de una reunión de Consejo de Ministros, su Gobierno "no tiene ninguna notificación de las instituciones comunitarias y de existir alguna iniciativa, el Ejecutivo necesitaría analizar sus términos exactos".

El titular de la cartera de Obras Públicas y Transportes, Mario Lino, defiende desde finales de 2005, cuando Bruselas inició el proceso contra Portugal, el derecho de Lisboa a salvaguardar los mecanismos de defensa del Estado luso en el antiguo monopolio de las telecomunicaciones.

Lino reconoció en marzo de 2007 que los tribunales podrían decidir en última instancia sobre el asunto, tras insistir Bruselas en pedir explicaciones al Ejecutivo portugués por el mantenimiento de su derecho de veto en PT.

Varios miembros del Gobierno luso han defendido que el fin de la "acción de oro" y los derechos que ésta conlleva pondrían en peligro la seguridad nacional en el ámbito de las telecomunicaciones y el cumplimiento de obligaciones de servicio público o la contribución de la empresa al desarrollo tecnológico del país.

Los analistas del sector creen que sin la "acción de oro" estatal se abrirían las puertas a la entrada de multinacionales en el capital del ex monopolio de las telecomunicaciones, que acabarían con el control portugués de la empresa.

Los estatutos de PT establecen ahora un límite del diez por ciento de derechos de voto en el capital, lo que, en definitiva, supone una barrera para la entrada en el accionariado de grupos no deseados.

Sonaecom, la unidad de negocio de telecomunicaciones del Grupo Sonae, intentó comprar PT en 2006 con una opa hostil sobre la operadora que terminó en fracaso por el voto en contra de los accionistas sobre el fin del blindaje de los estatutos.

El Estado portugués, en virtud de la "acción de oro", puede vetar operaciones de ampliación o reducción de capital en PT, lo que le convierte en actor clave para el control de la mayor empresa del país.

Los accionistas identificados de PT controlan el 53,83 por ciento del capital de la operadora lusa, entre ellos Brandes Investments Partners (9,65%), Telefónica (9,16%), Grupo Banco Espirito Santo (7,79%), Grupo Caixa Geral de Depósitos (6,37%), Ongoing Strategy Investments (5,89%) y la mexicana Telmex (3,75%). EFECOM

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