Industria endosa al próximo Gobierno un déficit eléctrico de 3.000 millones

El Ministerio de Industria, encabezado por Miguel Sebastián, le ha dejado un regalo envenenado al próximo Gobierno. El nuevo responsable de energía tendrá que decidir en la última semana de diciembre, qué hacer con el recibo de la luz en un escenario con un déficit de tarifa disparado y con los resultados de la subasta de energía que suele subir para el primer trimestre del año.

El nuevo Gobierno comenzará con 1.400 millones acumulados de déficit por la desviación que ha provocado la congelación de la tarifa eléctrica el pasado octubre, que ascenderá a 600 millones, y con los 800 millones que restó artificialmente para cuadrar las cuentas en el último trimestre de este año.

Industria decidió no contabilizar la parte correspondiente al capital y los intereses de la financiación de la primera anualidad del déficit ex ante del ejercicio 2011. Esta decisión, que sirvió para congelar la Tarifa de Último Recurso (TUR) el pasado 1 de octubre, supone una bajada artificial de los peajes de acceso para compensar la subida de los costes de la energía en la subasta Cesur (+5,9%) y que va a agravar el problema del déficit en 800 millones.

Empeorar el problema

El Ministerio de Industria buscó una fórmula para minimizar el impacto de la mencionada congelación tarifaria en el déficit previsto para este año, aun a costa de empeorar el problema para 2012, supuestamente el último año en el que legalmente podría generarse dicho déficit por un montante de 1.500 millones.

Así, el Gobierno decidió no contabilizar para este último trimestre del año la parte correspondiente al capital y los intereses de la financiación de la primera anualidad (de las 15 previstas) del déficit ex ante 2011, como estaba contemplado inicialmente. La excusa fue que, como las emisiones de Fade van retrasadas respecto al calendario previsto, nunca se llegaría a colocar en los mercados, antes de fin de año, la cuantía del déficit generado durante este mismo ejercicio.

La consecuencia de esta maniobra de Industria, recogida en la Orden ITC-2585-2011, publicada en el BOE el pasado 30 de septiembre, es quitar de la recaudación del sistema eléctrico correspondiente al último trimestre de 2011 algo más de 200 millones -y, de paso, añadir un nuevo agujero de más de 800 millones- al año al sector, consecuencia de anualizar dichos menores ingresos a partir de enero del próximo año.

Se trata, además, de una bomba de relojería programada para estallarle al responsable del ramo que salga de las elecciones generales. Y es que éste tendrá que encarar en 2012, de golpe, tres problemas relacionados: los posibles incrementos de los costes que se produzcan, tanto los puramente energéticos como aquéllos incluidos en los peajes de acceso; la disminución del máximo legal de déficit tarifario permitido y los mencionados 800 millones provocados por el citado truco empleado en la última revisión tarifaria por el Gobierno.

Con este panorama, Unesa propuso ayer una moratoria para las tecnologías termoeléctrica y fotovoltaica de tres años, hasta 2013, en la que se sustituyan los proyectos paralizados por una capacidad eólica equivalente.

El presidente de Unesa, Eduardo Montes, justificó esta medida aludiendo por escasa madurez de las tecnologías solares, la contribución que a su juicio hacen al déficit de tarifa y el riesgo de que la termoeléctrica acabe conviertiéndose en una "mochila" tan pesada como la fotovoltaica.

La asociación también argumenta que el Plan de Energías Renovables (PER) hasta 2020 hace previsiones de aumento de demanda del 2,4 por ciento anual que no se ajustan al contexto económico real, en el que los incrementos hasta 2020 podrían rondar el 1 por ciento.

Moratoria hasta 2013

Unesa asegura que esta moratoria ahorrará al sistema eléctrico 8.300 millones de euros en primas hasta 2020. Para ello, considera necesario paralizar los 2.500 megavatios (MW) de termosolar ya inscritos en el prerregistro de asignación, así como los cerca de 1.500 MW que se adjudiquen de fotovoltaica entre 2013.

El coste anual de los 2.500 MW de termosolar, calcula, es de 2.000 millones al año, a razón de 290 euros por megavatio hora (MWh) de prima. "En situación gravísima como la actual, con recortes en temas vitales, ¿cómo es posible que aquí no aceptemos una moratoria?", se preguntó Montes, antes de ser preguntado acerca de los efectos sobre el empleo de esta medida y del coste de las indemnizaciones a los proyectos solares ya reconocidos en los prerregistros.

El presidente de la patronal eléctrica dijo desconocer si habrá que pagar indemnizaciones y, en alusión al empleo, señaló que "hay que generarlo de otra manera". "Nosotros creamos casi 60.000 empleos fijos y 400.000 asociados, así que creo que éste no es planteamiento", afirmó en alusión a las tecnologías convencionales.

El presidente de Unesa aseguró que quiere que "el cliente pague lo menos posible" y eso se logra con la moratoria, de lo contrario habrá que cerrar centrales rentables para poder meter estas.