Síndicos: créditos carecían de garantías y los expedientes están incompletos
Los síndicos, que han declarado como testigos en la tercera sesión del juicio por la quiebra fraudulenta de la entidad, se han referido a una familia que obtuvo varios créditos por valor de "casi 100 millones de pesetas" (601.000 euros) que presentó como aval unos terrenos que, según han visto, "no existen".
Catalina López y José Juan Llinares han relatado que, en su lugar, hay "chalets construidos por personas que tienen las escrituras" y han precisado que, según les han explicado, se trata de "doble matriculación" de los terrenos.
En declaraciones a los periodistas tras la sesión, el letrado del ex director general de la Caja, Jesús Llopis -uno de los acusados en esta causa-, Manuel Maza, ha asegurado que estos terrenos estaban inscritos en el registro y que si "los documentos eran falsos", su cliente "habría sido engañado".
López y Llinares, nombrados síndicos junto a María del Consuelo Moltó en una junta de acreedores, han explicado que varios años después de la suspensión de pagos accedieron a los expedientes de los deudores de la entidad.
Han relatado que, según les trasladaron los técnicos a quienes otorgaron poderes para realizar todas las gestiones y han comprobado ellos mismos, en muchos expedientes "falta documentación", lo que dificulta reclamar el pago de los créditos.
Preguntada por la defensa de Llopis sobre el requerimiento que se les hizo en 2004 para presentarlos, López ha afirmado que se aportó "todo lo que se tenía".
Sin embargo, el letrado Manuel Maza sostiene que todavía faltan 32 informes por entregar y ha pedido hoy a la sala que se requiera al comisario de la quiebra que los presente, algo que ha rechazado el tribunal porque el plazo finalizó.
Los tres síndicos y los otros cuatro testigos que han declarado hoy han afirmado que todos eran impositores de la Caja y que han perdido cantidades que oscilan entre 4.400 euros y más de 30.000, aunque han dicho haber recuperado el 18 por ciento y que algunos han recibido ayudas de la Generalitat como "subvención".
La presunta quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy dejó más de 1.500 ahorradores afectados por un montante de 3,7 millones de euros.
El fiscal pide seis años de prisión para cinco de los responsables procesados por un presunto delito de insolvencia punible, mientras que el letrado de los afectados amplía la acusación a otros cinco y pide para todos ellos catorce años de cárcel por insolvencia punible y apropiación indebida. EFECOM
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