Comienza el martes el juicio por quiebra Caja Alcoy, con más 1.500 afectados

La vista oral por la supuesta insolvencia punible cometida por los responsables de la entidad se celebrará en la Sección Tercera y se prolongará durante doce jornadas en las que está previsto que declaren los cinco acusados y más de 35 afectados.

El fiscal jefe provincial, José Antonio Romero, pide seis años de cárcel y una multa de 360.000 euros para cada uno de los cinco imputados: el director de la caja, la subdirectora, el responsable de la sucursal y dos miembros del consejo rector.

Además, solicita que indemnicen a la masa de acreedores de la entidad en la cantidad de 2,6 millones de euros, ya que de los 3,7 millones de morosidad de la caja, 1,1 millones fueron recuperados por la Administración de Quiebra.

Las acusaciones particulares que representan a los ahorradores, quienes se han organizado en un colectivo y tienen previsto manifestarse en la Audiencia para explicar su situación de "indefensión", amplían la imputación a otras cinco personas.

Durante el juicio, la Audiencia limitará a 35 personas el aforo para el público asistente a la sala, mientras que el Ministerio de Justicia reforzará con una jueza la Sección Tercera dada la complejidad del mismo.

La Caja de Crédito de Alcoy, constituida en 1987, fue objeto de un expediente sancionador por parte del Banco de España en 1989 que supuso para su director, Jesús Llopis, la inhabilitación durante cinco años, aunque siguió en el cargo por los recursos presentados.

En 1993 la entidad formuló una solicitud de suspensión de pagos durante cuya tramitación se dictó un auto que declaraba la caja en estado de insolvencia definitiva por ser su activo inferior a su pasivo en más de 745.000 euros.

En abril de 1995 se sobreseyó este expediente y al mes siguiente se declaró la quiebra que, tres años después, fue calificada en una sentencia como fraudulenta.

El fiscal atribuye la bancarrota a la actuación del director general y la subdirectora, quienes regían la actividad ordinaria de la entidad; también a los dos miembros del consejo rector, por no oponerse a una operación, y al director de la oficina, quien "por sus funciones, no podía desconocer que sus operaciones eran anómalas y dañinas".

Concretamente, entre 1991 y 1993 se autorizaron a este último -hijo del director general- créditos por los que, en mayo de 1995, adeudaba a la caja más de 138.000 euros.

Asimismo, se aprobaron préstamos a otros particulares, entre ellos familiares de los acusados, y a una empresa, que tampoco se amortizaron y provocaron varias deudas de entre 9.015 y 200.137 euros.

"En todos los casos, las garantías exigidas para la concesión de las operaciones de crédito eran insuficientes o inexistentes o irrealizables", sostiene el fiscal. EFECOM

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